jueves, 20 de junio de 2013

Paradoja de un alcalde paranoico y perseguido


Paradoja de un alcalde paranoico y perseguido


Vladdo

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sufrió la semana pasada los más fuertes reveses desde que llegó a su cargo, en enero de 2012. Por una parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló las firmas que se necesitan para convocar a una posible revocatoria de su mandato, y, por otra, el Concejo de la ciudad hundió el plan de Ordenamiento Territorial [POT] propuesto por el gobernante y que se supone iba a ser la carta de navegación de la ciudad para los próximos años.

Aun antes de llegar al Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, este exguerrillero ha despertado toda clase de reacciones adversas, precisamente por su condición de exmilitante del Movimiento 19 de Abril [M-19], organización subversiva que se desmovilizó hace más de dos décadas.

Como congresista, Gustavo Petro brilló por la contundencia de su oratoria y la verticalidad de sus posiciones. Promovió sonados debates contra el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; denunció severamente y en voz alta la connivencia del exmandatario con los grupos paramilitares y contribuyó a desenmascarar la corrupción en la capital del país.

Esa rectitud y ese espíritu crítico fueron las principales baterías de su campaña para la Alcaldía de Bogotá que, no obstante, obtuvo con una votación mínima, que escasamente superó un tercio de los votos depositados en las elecciones de octubre de 2011.

Tercero de una seguidilla de mandatarios de izquierda en la capital colombiana, Petro recibió en enero de 2012 una ciudad inmersa en un grave caos administrativo.

Su antecesor –y excompañero de militancia–, Samuel Moreno Rojas [destituido por la Procuraduría y arrestado desde mediados de 2011, a la espera de un juicio por corrupción], dejó una urbe llena de problemas de transporte, pobreza, desigualdad, seguridad y, sobre todo, presa del pesimismo de sus habitantes, que descubrían con tristeza y desconfianza cómo una camarilla de funcionarios había convertido en un botín a la ‘Atenas Suramericana’.

Una crisis de esa magnitud constituía un reto enorme para cualquier funcionario, sobre todo si, como en el caso de Petro, carecía de experiencia administrativa. Sin embargo, dada su brillante trayectoria parlamentaria y su incuestionable rectitud, muchos bogotanos –incluido el autor de estas líneas– confiamos en la capacidad y el liderazgo del nuevo alcalde para encontrarle una salida a ese laberinto de confusión, saqueo y desgobierno en que estaba la ciudad.

Sin embargo, desde el primer momento, las cosas empezaron cojas para Petro. La primera señal fue la lentitud en la selección de sus colaboradores; de hecho, se posesionó con el gabinete incompleto.

Pocas semanas después empezó a plantear múltiples debates, fruto de radicales medidas que le han generado ciertas simpatías y no pocas enemistades. La más aguda de las controversias de su primer trayecto fue la no renovación del alquiler de la plaza de toros La Santamaría, lo cual automáticamente dejó sin fiesta brava a la ciudad más grande del país y despertó las más airadas protestas de los aficionados al sangriento espectáculo, muchos de ellos periodistas, que todavía hoy no le perdonan semejante ‘arbitrariedad’ al alcalde.

Vale la pena aclarar que esta decisión fue tomada por Petro casi de manera accidental; pues en las reuniones con los arrendatarios de la plaza, el Alcalde les propuso que se hicieran las corridas, pero sin matar al toro; opción que fue rechazada de plano por los taurinos. Y, ante la disyuntiva del todo o nada, éstos se quedaron sin plaza y la ciudad sin corridas, en un hecho que convirtió a Petro en el ‘nuevo mejor amigo’ de los animales.

Adicionalmente, Petro ha tomado en año y medio de gobierno una serie de decisiones en las cuales se han mezclado, en proporciones desiguales, buenas intenciones, falta de conocimiento, ingenuidad, inexperiencia, arrogancia, algo de populismo y, sin duda, una buena dosis de improvisación.

En estos 18 meses, la medida más exitosa de la Alcaldía ha sido la prohibición del porte de armas, lo cual ha reducido los índices de muertes violentas en la ciudad, pero que no se ha reflejado necesariamente en una mejor percepción de la seguridad.

Otras disposiciones, como el subsidio de las tarifas de agua en los barrios más pobres de la ciudad o del costo de los pasajes en Transmilenio –la red de buses del Distrito–, pese a que han sido bien recibidas por los sectores populares, son vistas con recelo por los críticos, que lo ven como una medida irresponsable y pronostican un grave deterioro de las finanzas de la ciudad.

El transporte ha sido otro dolor de cabeza para el Alcalde. En una ciudad donde el tráfico es imposible, con una flota pública de buses colapsada y buena parte de calles y avenidas destrozadas, no se vislumbra ninguna solución para un problema que mantiene a los bogotanos con los pelos de punta.

Bogotá es la ciudad más grande de América que no tiene metro, pese a que su construcción se ha discutido infructuosamente durante más de medio siglo. Finalmente, el mes pasado la Alcaldía firmó un contrato para el estudio y diseño de la primera línea del metro pesado, cuya construcción no empezará antes de dos años. Amanecerá y veremos…

Y si la administración de Petro estaba enferma, sus males parecieron hacer metástasis con la crisis de las basuras, ocurrida hace seis meses, en vísperas de Navidad.

De manera sorpresiva, en octubre pasado, el Alcalde anunció que, luego de más de 20 años, el Distrito iba a asumir nuevamente la recolección de las basuras de la ciudad. Y que lo haría en dos meses.

El anuncio dejó perplejo a todo el mundo y todos temimos lo peor; lo cual, en efecto, sucedió. En ocho semanas era imposible que la ciudad se alistara adecuadamente para adquirir los camiones recolectores, contratar y entrenar al personal y diseñar el esquema de recolección para una ciudad de 8 millones de habitantes que produce más de cinco mil toneladas diarias de residuos. 

El problema se salió de madre y durante tres días la ciudad se vio inundada de bolsas de basura, con unos trabajadores que no daban abasto para recoger los desperdicios y que trataban de cumplir con su deber en condiciones laborales inaceptables y en vehículos que no cumplían normas técnicas ni sanitarias.

Como resultado, la Administración tuvo que recular, y prorrogar varios de los contratos que pretendió derogar con empresarios privados, calificados como “mafiosos” por el propio Alcalde.

Aunque el asunto no pasó a mayores, sí dejó en evidencia la poca capacidad de gestión de Petro que, sumada a su obstinación y a una terrible paranoia, le ha impedido ejercer su cargo con la misma diligencia que se distinguió en el Parlamento, donde en más de una ocasión fue reconocido como el Congresista del año.

A todo esto se suma la inestabilidad de un gabinete que en 18 meses ha visto desfilar a más de 40 funcionarios en sus más altos cargos. En este corto lapso algunas entidades del gobierno distrital han tenido hasta 4 directores, circunstancia que impide el desarrollo y consolidación de cualquier iniciativa de gobierno.

Así las cosas, quienes en un principio creímos en Gustavo Petro nos hemos quedado sin muchos argumentos para defenderlo, mientras sus detractores se frotan las manos, con la convicción de que su defenestración es apenas cuestión de tiempo.

Cuestión de estilo

Aunque no me considero amigo de Gustavo Petro, lo conozco un poco, ya que durante su campaña tuve oportunidad de conversar con él y de acompañarlo en varias reuniones. Y luego de ver lo que ha pasado con su gobierno, me atrevería a decir que lo que está pasando en Bogotá es, en cierto modo, un reflejo de lo que es él.

Yo diría que Petro tiene una personalidad caótica y eso se nota en su administración. La puntualidad, por ejemplo, no es una de las virtudes del Alcalde. Durante la campaña, citaba a una reunión a una hora determinada y aparecía 60 o 90 minutos después, sin inmutarse. Su enemistad con el reloj es legendaria.

De hecho, en octubre pasado, a la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto Eldorado, presidida por Juan Manuel Santos, Petro llegó 15 o 20 minutos tarde, lo cual causó evidente molestia entre los organizadores del acto, que empezó con la silla vacía del alcalde en la mesa principal.

Otra característica de aquellas reuniones es que se convocaban para hablar de un tema y se discutían otros; lo cual, en una campaña se puede obviar, pero a la hora de gobernar y tomar decisiones no creo que ayude mucho.

Por eso no me sorprende el manejo que desde la Alcaldía se les ha dado a ciertas situaciones; ese es el estilo Petro.

Por otra parte, el Alcalde ha abierto simultáneamente demasiados frentes de batalla, que evidentemente han afectado su capacidad de maniobra; pues sus detractores siempre han encontrado un flanco débil para atacarlo. No niego que algunas de sus actuaciones sean bien intencionadas, pero la forma como las presenta arruinan el buen propósito.

Contrario a lo que le ocurría en el Congreso, en la Alcaldía la capacidad de comunicar de Petro ha sido muy deficiente. No sabe decir las cosas, usa el lenguaje inadecuado o las dice en el momento menos apropiado.

Otra falla, tal vez una manía adquirida en su ejercicio parlamentario, es su proclividad a dividir, su gusto por la confrontación. Aunque está bien visto que un congresista genere polémica, pise callos y encienda hogueras que alienten a sus seguidores, en un mandatario estas virtudes surten un efecto contrario. En la Alcaldía debe trabajar para todos, no sólo para quienes votaron por él. De hecho debería esforzarse más para convencer a sus no electores de la equivocación que cometieron al no votar por él.

Pero eso Petro parece no entenderlo y prefiere exacerbar los ánimos y polarizar a sus gobernados, declarándose víctima de una persecución o apelando al resentimiento social y al complejo de clase; en un tono en el que muchos identifican cierto tufillo chavista.

 Por otra parte, en no pocas ocasiones, Petro pretende descalificar a sus críticos acudiendo a los mismos y pobres argumentos de sus contradictores. Según éstos, apoyar al Alcalde es respaldar a la guerrilla o al terrorismo. A su vez, según Petro –y muchos de sus colaboradores– quienes le señalan sus errores lo hacen para favorecer a los corruptos que saquearon a la ciudad, o a las “mafias” que quieren recuperar el poder. 

Ni los unos ni los otros dan cabida a la multiplicidad de grises que se necesitan en una sociedad plural para llegar al entendimiento.

Otra crítica fuerte que se le hace a Petro es que pretende convertir la Alcaldía en trampolín para una futura campaña presidencial. A mí esta posibilidad no me aterra, no me fastidia en absoluto. Es más: me parece legítimo que un político escale posiciones dentro del Estado hasta llegar a la cúspide.

En este punto, creo que Petro tiene pleno derecho a hacer campaña con la Alcaldía de Bogotá; y la mejor campaña que puede hacer es adelantando una buena gestión en el que se conoce como el segundo cargo más importante del país. Una campaña hecha a punta de hechos, no de palabras. Multiplicando, en vez de dividir.

Como si no fuera suficiente, las relaciones de Petro con el Concejo Distrital de Bogotá no son las mejores y la más reciente prueba de ello se vio con el mencionado hundimiento del plan de desarrollo de la ciudad.

Aunque no es el primer alcalde bogotano que tiene roces con el cabildo distrital, sí es de las pocas veces que un mandatario local se enfrenta, al mismo tiempo, con los concejales y con una buena parte de la ciudadanía, insatisfecha, que ha manifestado abiertamente el rechazo a su gestión.

Ahora bien, yo no estoy muy seguro de que todo lo anterior justifique la ‘caída inducida’ del Alcalde, con todas las implicaciones que conlleva este proceso, que ya se inició con la recolección de los cientos de miles de firmas necesarias para promover la revocatoria.

Aunque la Constitución Política de Colombia contempla ese derecho ciudadano, en este caso se incurriría en unos altos costos –no sólo económicos y materiales, sino políticos y sociales–, que probablemente no compensen el esfuerzo.

Según la ley, en las próximas semanas se debe convocar una votación, para definir si la ciudadanía quiere revocar el mandato de Petro. Si gana el sí, la Registraduría debe organizar nuevas elecciones de Alcalde.

O sea que, gracias a esta iniciativa de Miguel Gómez Martínez –un mediocre congresista conservador y enemigo acérrimo de la izquierda–, Bogotá se encuentra en la antesala de un estado de interinidad e inercia que va a frenar aún más el precario desarrollo de la ciudad.

Conociendo al líder de la revocatoria, no es difícil darse cuenta de que –pese a las antipatías que Petro genera con su torpeza administrativa y su altivez– el deseo de sacarlo de la Alcaldía está más motivado en su ideología política, que en una preocupación genuina de Gómez por el futuro de la capital.

En un país azotado por los violentos, donde supuestamente se aboga por una salida pacífica al conflicto, con desmovilización de los combatientes y entrega de las armas como condiciones para la reconciliación, muchos todavía ven a Gustavo Petro como una amenaza pública; por el hecho de haber sido guerrillero.

Esa discriminación es el mayor escollo al que se tienen que enfrentar dirigentes como Petro y otros antiguos insurgentes que le han apostado a la paz, deponiendo las armas y honrando los compromisos que adquirieron al regresar a la institucionalidad. Y ese va a ser, seguramente, uno de los puntos a discutir en La Habana, en el diálogo con las FARC.

Al cumplir año y medio como Alcalde Mayor de Bogotá, sería recomendable que, así la revocatoria no prospere, Petro tomara esas firmas –500,000 o 50,000; el dato es secundario– como una manifestación de descontento de miles de ciudadanos.

Algo debe estar haciendo mal.

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