lunes, 28 de febrero de 2011

DE WIKILEAKS: Obstrucción a las investigaciones sobre los ‘falsos positivos’

La siguiente es una traducción libre de un cable de Wikileaks liberado en diciembre pasado, del cual se han divulgado ya algunos apartes, pero que, por considerarlo de interés, publicamos en su totalidad. El resaltado de algunas frases es de mi autoría.
—Vladdo

C O N F I D E N C I A L BOGOTA L 000542


E.O. 12958: Dec: 02/20/2019


ASUNTO: INICIATIVAS DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MILITARES ENCUENTRAN RESISTENCIA


REF: A. 2008 BOGOTÁ 4165

¶ B. BOGOTA 0401


Clasificado por: Consejero Político John Creamer

RESUMEN
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¶ 1. (C) El Ministerio de Defensa (MOD) continúa avanzando en las investigaciones de las denuncias de asesinatos cometidos por personal del Ejército, y ha despedido a 51 oficiales y soldados implicados en los incidentes –incluidos 27 despedidos como consecuencia de los asesinatos de Soacha–. El Ministerio de Defensa también está trabajando para corregir fallas en la inteligencia, la planificación operativa y logística que contribuyan a violaciones de los derechos humanos, así como para aplicar normas más claras de compromiso. Sin embargo, algunos funcionarios militares de alto rango continúan resistiéndose a los esfuerzos del Ministerio de Defensa, argumentando que las preocupaciones por los derechos humanos son exageradas y que las nuevas políticas están perjudicando el esfuerzo de guerra. El comandante del Ejército, general Oscar González, ha obstruido la investigación de los abusos cometidos al limitar el trabajo de la Inspección General del Ejército. Con la probable salida del ministro de Defensa Juan Manuel Santos a lanzar su campaña presidencial, altos funcionarios civiles y militares dicen que es clave que el presidente Uribe nombre a un ministro igual de comprometido con los derechos humanos, si se quiere mantener el progreso actual.
Resumen final

MDD IMPLEMENTA MEDIDAS CORRECTIVAS 
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¶ 2. (C) Desde octubre de 2008, el Ministerio de Defensa ha destituido a 51 oficiales y soldados implicados en ejecuciones extrajudiciales: 27 miembros del Ejército fueron despedidos en octubre de 2008 por los homicidios de Soacha; 13 más fueron despedidos en noviembre de 2008 por los asesinatos en Córdoba y otros 11 fueron despedidos del Batallón La Popa en enero de 2009 por los asesinatos en el Cesar. Además de las investigaciones, el Ministerio de Defensa está llevando a cabo el plan de 15 puntos anunciado por el Ministro de Defensa Santos en noviembre de 2008 para mejorar el historial de las fuerzas armadas en derechos humanos e impedir abusos (véase reftel A). El Ministerio de Defensa está elaborando unas normas más claras de la participación militar y está señalando las bandas criminales que son objetivos militares legítimos y los que deben ser objeto de medidas de represión. El gobierno colombiano también modificó una directiva interna que regula los pagos de recompensas a informantes para evitar situaciones como la de “Rojas”, caso en que el gobierno colombiano pagó por la mano de Iván Ríos, miembro del Secretariado de las FARC, (y más tarde por su cadáver). 

MANDATO LIMITADO DEL IG
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¶ 3. (C) El Inspector General del Ejército (IG), el mayor general Carlos Suárez, que fue nombrado IG por por el Ministro de Defensa Santos con el mandato específico de investigar las ejecuciones extrajudiciales, nos dijo el 13 de febrero que él y dos miembros de confianza de su equipo son el único personal que investiga asesinatos presuntamente cometidos por personal del Ejército. Las investigaciones siguen el modelo utilizado por Suárez en la investigación de los asesinatos de Soacha, y examinar los componentes operacionales, de inteligencia, logísticos y administrativos de las supuestas operaciones militares.
Suárez aclaró que su papel no es penal o disciplinario, sino más bien administrativo. Él no puede despedir a cualquier miembro del personal por su cuenta, y sólo puede hacer recomendaciones al comandante del Ejército, al comandante de las Fuerzas Armadas o al Ministerio de Defensa. Por ejemplo, él recomendó que 28 oficiales del Ejército y otro personal fuera despedido del Batallón de la Popa, debido a su presunta participación en asesinatos en el Cesar, pero el comandante del Ejército Óscar González aprobó la remoción de sólo 11 uniformados.

PROBLEMA GENERALIZADO Y MALA TÁCTICA 
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¶ 4. (C), Suárez dijo que el problema de las ejecuciones extrajudiciales fue generalizado. Declaró que el fenómeno de Soacha se originó en la Cuarta Brigada en Medellín (comandada alguna vez tanto por el ex comandante del Ejército, Mario Montoya como por el actual comandante del Ejército, Oscar González). La práctica se extendió posteriormente a otras brigadas y comandos en la región, incluyendo el Comando Conjunto del Caribe. Suárez dijo que la insistencia de algunos comandantes militares en el recuento de muertos como una medida de éxito a pesar de las directivas del MDD en sentido contrario –sumada a los vínculos de algunos comandantes con delincuentes y narcotraficantes– llevó al modelo específico de los asesinatos cometidos en Soacha y otros casos. Señaló que el sistema de conteo de cuerpos –y los asesinatos resultantes– no sólo socava la legitimidad del Ejército, sino que también creó una falsa ilusión de éxito. Como resultado, los “falsos positivos” desviaron los recursos y la atención de la lucha principal contra las FARC. 

RESISTENCIA DE NIVEL SUPERIOR AL CAMBIO 
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¶ 5. (C), Suárez dijo que sigue contando con el apoyo del Ministro de Defensa Santos, del viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, y del Comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla. Sin embargo, se enfrenta a la resistencia de algunos oficiales en servicio activo con el apoyo de un grupo de generales retirados y políticos de derecha. Suárez señaló que se impuso sobre el comandante del Ejército, González, por Padilla, y que González se opone a su trabajo. Reconoció que González trató de intimidar a los testigos a no declarar sobre los asesinatos cometidos por la 11 ª Brigada en Sucre, y dijo González trata de limitar los recursos de su oficina. 
XXXXXXXXXXXX se hizo eco de comentarios de Suárez, señalando que González ha trasladado personal de la oficina de Suárez, ha reducido su contingente de guardaespaldas y trató de restringir el mandato del Inspector General. Suárez agregó que su familia ha recibido amenazas indirectas debido a su trabajo. Su personal está buscando un correo electrónico que supuestamente circula dentro del ejército, que muestra fotos de los miembros de la Comisión MOD que investigó los asesinatos de Soacha, marcadas con una X. 
¶ 6. (C) Más allá de los militares, dijo Suárez que generales retirados, como Montoya y el ex Comandante de la Brigada 17 Rito Alejo del Río, están trabajando con los políticos de derecha como el ex ministro Fernando Londoño para socavar las iniciativas de derechos humanos de Santos. Citó una columna del 12 de febrero en “El Tiempo” en la que Londoño se quejó de que los despidos por los llamados “falsos positivos” había castrado a los militares, dejando a los oficiales demasiado temerosos para llevar a cabo operaciones y devolver la iniciativa táctica de las FARC. Jaramillo nos dijo que algunos oficiales están montando una campaña que implica la acción legal, la intimidación y difamación para acosar a los oficiales y civiles comprometidos con la limpieza del Ejército. Jaramillo señaló que el ex coronel Mejía –que se enfrenta a cargos criminales por su papel en los asesinatos de La Popa– ha presentado denuncias ante la Oficina del Inspector General (Procuraduría) contra él y la Directora de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía General, Sandra Castro, para supuestamente obligar a los testigos a declarar en su contra. 

LA BATALLA POR LA ATENCIÓN DE URIBE
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¶ 7. (C) Suárez observó que el presidente Uribe sigue considerando el éxito militar en términos de muertos, dejándolo expuesto a los alegatos de algunos oficiales y políticos de que el énfasis del Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos es exagerado y está perjudicando el esfuerzo de guerra contra las FARC. Jaramillo confirmó que los argumentos del grupo están ganando algo de fuerza con Uribe. Suárez dijo que el Presidente tiene que entender que los últimos informes de enemigos muertos en combate incluyen muchos que no son de las FARC, creando una imagen engañosa del progreso y la promoción tanto malas tácticas como oficiales (sic)
¶ 8. (C) Suárez y Jaramillo descartan las acusaciones de que las investigaciones de Soacha y otras iniciativas Ministerio de Defensa sobre derechos humanos están desalentado las operaciones militares contra las FARC, señalando que las unidades del Ejército que han logrado los mejores resultados contra el grupo terrorista no estuvieron involucradas en los asesinatos. 
Suárez dijo que el Jefe de Operaciones del Ejército, el general Carlos Saavedra, está de acuerdo en que el impacto de los derechos humanos en las operaciones ha sido mínimo (análisis propios de la Embajada apoyan las conclusiones de Suárez y Saavedra. Véase reftel B). Sin embargo, Suárez y Jaramillo, dijeron que con la probable salida del MDD Santos para lanzar su campaña presidencial, la escogencia del presidente Uribe del próximo MDD será clave. Si el próximo Ministro de Defensa no comparte los fuertes compromisos de Santos con los derechos humanos, el avance logrado hasta la fecha podría revertirse. 
BROWNFIELD

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