jueves, 29 de enero de 2009

Censura presidencial en
la Universidad Distrital


El pasado 11 de diciembre de 2008, el señor Luis Eduardo Molino Torres, representante del Presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad Distrital, en abierta violación del artíuclo 20 de la Constitución Nacional, que establece que en Colombia “no habrá censura”, creó, por medio del Acuerdo 005, el cargo de “Censor Universitario”, con el supuesto propósito de defender los intereses de la comunidad universitaria y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y mandatos de los diferentes consejos y autoridades institucionales.

Según el acuerdo conocido por Un Pasquín y firmado por Molino y Luisa Fernanda Lancheros Parra, “del Censor Universitario dependerán en forma directa, las actuales oficinas asesora de control interno y asuntos disciplinarios; el Censor actuará como autoridad de segunda instancia en las decisiones tomadas por la oficina asesora de asuntos disciplinarios”.

Siguiendo tal vez los preceptos de la seguridad democrática, otra de las funciones del Censor, es “vigilar [...] la conducta disciplinaria de directivos, empleados, trabajadores y docentes” y, como si no fuera suficiente, también puede “exigir de los funcionarios la información que considere necesaria, sin que se le pueda oponer reserva alguna”. Es decir que cualquier investigación y las bases de datos de las investigaciones de los profesores quedan a disposición del censor, no se sabe con qué fin.

Adicionalmente el Acuerdo, de siete páginas y once artículos, faculta al Censor para “formular ante los órganos competentes las acciones contra los miembros de la universidad a que haya lugar y promover por que se emprendan las acciones judiciales pertinentes”.

Según dicho documento el Censor tendrá tratamiento de directivo de la universidad y a él se le asignará el presupuesto y recursos asignados a la Oficina de Quejas y Reclamos y atención al ciudadano, que queda suprimida.

Aunque hasta el momento no se conoce el nombre de quien ocupará este cargo, el artículo 10 del Acuerdo ordena a la Vicerrectoría administrativa que en un plazo no mayor a quince días disponga toda la logística necesaria para que entre a funcionar la Oficina del Censor Universitario,

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