lunes, 10 de marzo de 2008

No todo vale


[EDITORIAL] Aunque la defensa de la soberanía es una obligación de cualquier Estado que se respete, el ejercicio de ese deber tiene unos límites claramente definidos en leyes nacionales e internacionales. Por eso ningún gobernante tiene derecho a pasar por encima de la ley so pretexto de salvaguardar un territorio, o de combatir a sus enemigos internos o externos.

En los últimos días, está haciendo carrera la tesis de que que para acabar con el terrorismo –en este caso referido a las FARC–, cualquier acción es válida; incluida la invasión a otros países. Aceptar esa premisa es echar por la borda siglos de civilización y desconocer las disposiciones más elementales del Derecho Internacional. Aceptar ese argumento es anular el papel de organismos como la ONU, cuya principal función consiste en regular la armonía entre los países que la integran.

Aceptar esa propuesta es legitimar los métodos y las prácticas de los regímenes totalitarios, donde la supuesta protección del Estado es excusa para cometer toda clase de atropellos, no sólo contra enemigos externos, sino contra sus propios ciudadanos.

Para proteger a la población, existen unas normas muy precisas que los Estados deben acatar dentro y fuera de su país. Y entre esas normas no figura el principio del todo vale ni la doctrina de que es mejor pedir perdón que pedir permiso.

La victoria militar

Es indudable que cuando se trata de librar de enemigos a la sociedad los triunfos de las Fuerzas Armadas son recibidos con alivio por la ciudadanía. Así ocurrió al conocerse la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, a manos de un grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

Desde hace mucho tiempo, los colombianos se preguntaban por qué no caían los verdaderos peces gordos de la guerrilla, léase alguno de los integrantes del Secretariado. Nadie se explicaba cómo, con los grandes recursos de las FF.AA. en tropas, equipos y tecnología, la cúpula de las FARC lograba eludir tranquilamente los cercos militares y escapaba sin más de las múltiples operaciones que se organizaban en su contra. Y aunque siempre se conocía la captura o la muerte de algún mando medio (con frecuencia un jefe de finanzas), siempre quedaba en el ambiente la sensación de que ante la falta de efectividad contra la dirigencia guerrillera, en estos golpes las autoridades ‘inflaban’ sus logros.

Sin embargo, esta percepción cambió [¡y de qué manera!] el pasado sábado 1 de marzo, cuando se conoció la muerte de Luis Edgar Devia Silva, el tristemente célebre ‘Raúl Reyes’. Quienes por radio, televisión o Internet, seguían el desarrollo de la noticia, muy pronto pasaron de la incredulidad inicial a la calma, cuando se confirmó que en efecto el canciller de las FARC, había sido abatido por las autoridades colombianas en un paraje de la selva ecuatoriana, a escasos kilómetros de la frontera con Colombia.

Cuando a la mitad de la mañana, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, entregó su parte de victoria ante los medios, muchos colombianos respiraron con tranquilidad, pues con la muerte de Reyes no sólo se acababa el mito de la invulnerabilidad del comando de las FARC, sino que salía de juego un siniestro personaje que por décadas había infligido duros golpes y había llenado de dolor a miles de familias colombianas que fueron víctimas de sus acciones.

Con la muerte de Raúl Reyes se apagó una sangrienta estela de homicidios, atentados dinamiteros, secuestros, boleteos, narcotráfico, reclutamiento forzoso y otras ‘linduras’ de las cuales el extinto líder de las FARC echaba mano en aras de una supuesta revolución, que hace muchos años perdió su orientación ideológica.

Simultáneamente, este exitoso golpe les sirvió a las FF. AA. para dar una nueva muestra de eficacia en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley. La contundencia y precisión con las cuales al parecer se adelantaron las maniobras en las selvas del sur del país, fueron el fruto de una planificación milimétrica y una ejecución digna de cualquier guión cinematográfico.

El episodio Reyes es quizás la muestra más clara del profesionalismo al que están llegando las FF.AA., gracias a un costoso proceso de modernización puesto en marcha desde la administración Pastrana y que acertadamente ha sido afianzado y desarrollado por el presidente Álvaro Uribe con su política de seguridad democrática, de la cual este es su más destacado logro.

Al contrario de lo que había ocurrido en numerosas ocasiones en el pasado, esta vez no quedaron faltando los 5 centavos pa’l peso, y los comandantes de las Fuerzas Armadas –empezando por el general Óscar Naranjo, quien por lo visto jugó un papel protagónico en la operación–, no sólo le quitaron al país un peso de encima, sino que revalidan la confianza que la ciudadanía siente por sus uniformados.

El autogol contra Chávez

Para nadie es un secreto que el presidente venezolano es dueño de una personalidad polémica, amante del protagonismo y carente de buenos modales, pese a lo cual el gobierno colombiano lo invitó a participar como intermediario para un posible intercambio humanitario con las FARC.

Como se sabe, el presidente Uribe optó por prescindir abruptamente de la colaboración del venezolano en noviembre de 2007, pese a lo cual Chávez se no sólo se negó a marginarse del proceso sino que además se autopostuló como mediador ad honorem en el intercambio humanitario y en impulsor de oficio de un hipotético proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. No contento con eso, Chávez ha lanzado una andanada de improperios contra el presidente de Colombia, la cual ha arreciado tras la muerte de Raúl Reyes.

Inicialmente, en vez de enzarzarse en una guerra de epítetos con su colega bolivariano, Uribe había preferido mantener un prudente silencio. Pero, justo cuando gran parte del país aplaudía la compostura con la que estaba ignorando los insultos de que era objeto, el mandatario colombiano anunció de buenas a primeras que iba demandar ante la Corte Penal Internacional al presidente de Venezuela por “patrocinio y financiación de genocidas”, en un proceso que no tiene pies ni cabeza y que ha generado una aguda polémica.

Indudablemente, para Uribe es mucho mejor dejar a Chávez peleando solo –como acertadamente lo había hecho hasta ahora–, en vez de dejarse arrastrar por sus salidas de tono.

El desastre diplomático

Más allá de la ‘buena noticia’ que para muchos significa la muerte del número dos de la s FARC y en claro contraste con el éxito militar que se anotaron las autoridades, el costo diplomático alrededor del affaire Reyes está saliendo demasiado alto.

En primer lugar se ha hecho evidente, otra vez, la falta de una gestión diplomática, que le serviría al gobierno para explicar en el exterior la verdadera dimensión del conflicto que se vive en Colombia, para lo cual es indispensable admitir que dicho conflicto sí existe. El presidente de la República no puede seguir diciendo que simplemente se trata de acciones terroristas, porque en Colombia conflicto no hay. Los hechos están demostrando no sólo que sí lo hay, sino que ese conflicto inexistente ya desbordó las propias fronteras del país.

Por otra parte, si hubiera una política internacional debidamente articulada –en especial con los vecinos– Colombia podría coordinar con autoridades y tropas de esos países, operaciones militares en contra de organizaciones como las FARC. En ese orden de ideas, y en el caso específico de Ecuador, Colombia debía estar en capacidad de ofrecerle a ese país mejores ‘garantías’ que las que supuestamente le ha ofrecido la guerrilla.

Es comprensible que Ecuador no quiera involucrarse en el conflicto colombiano y prefiera asumir un papel neutral frente a las FARC, procurando así evitar confrontaciones armadas con la guerrilla. Pese a ello experiencias anteriores, como la captura y posterior entrega a Colombia de Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, muestran que esa no intervención no necesariamente convierte a Ecuador en santuario de las FARC, ni al gobierno de ese país en su cómplice.

Si en el desarrollo de una operación tan meticulosamente planeada, acciones como la del pasado primero de marzo, en la que cayó Raúl Reyes, el gobierno Uribe hubiera tenido la delicadeza de poner al tanto al presidente ecuatoriano, muy seguramente Colombia se habría evitado la crisis diplomática que está atravesando. Es obvio que la dimensión de una operación tan grande y contundente contra las FARC habría justificado de sobra ese esfuerzo mancomunado, así Juan Manuel Santos hubiera tenido que compartir los aplausos.

Por otra parte, si el gobierno del presidente Uribe tuviera algo de perspicacia, debería entender que en las actuales circunstancias, con un personaje como Hugo Chávez saliendo con cada disparate, lo más deseable sería contar con el respaldo y la cooperación de Rafael Correa, que sólo es posible obtener por medio de una aproximación fraternal, de igual a igual, y no con la arrogancia con la que ha actuado últimamente Colombia frente al país del sur.

Lo que Colombia está haciendo con Ecuador es sólo comparable con la detestable actitud que hace unos años Venezuela asumía frente a Colombia, y que desencadenó varios incidentes en la frontera y más de un roce diplomático.

La diplomacia uniformada
En la dinámica de la confrontación armada que se vive en Colombia, es sabido que los integrantes de las FARC van a tratar de traspasar las fronteras cada vez que puedan, para ponerse a salvo de las tropas colombianas. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta factores como la inaccesible geografía de la selva no se le puede endilgar responsabilidad a los países vecinos por dejar ingresar en su territorio a los guerrilleros, pues esa misma responsabilidad les debería caber a los militares colombianos por dejarlos salir.

Otra cosa sería que, tal como lo ha insinuado el gobierno de Colombia, las autoridades de Ecuador estuvieran permitiendo la permanencia de tropas irregulares dentro de sus límites o financiando sus actividades, pues tal actitud iría en contravía de múltiples disposiciones internacionales contra el terrorismo.

Sin embargo, el hecho de que el gobierno colombiano tenga indicios de posibles vínculos de Ecuador y Venezuela con las FARC, no le da derecho a armar shows en vivo y en directo, antes de verificar la autenticidad de la información obtenida en los campamentos del extinto Raúl Reyes. Poner a un alto oficial de la Policía, por respetable que sea, como lo es el general Óscar Naranjo, a señalar públicamente a un presidente de un país amigo como aliado de las FARC, no sólo es imprudente sino contrario a cualquier procedimiento diplomático.

Con tales actitudes, y tras haber incursionado de buenas a primeras en territorio ecuatoriano, el gobierno de Colombia no sólo consiguió ahondar el comprensible malestar de Correa, sino que con las acusaciones del director de la Policía se hizo evidente la falta de tacto que finalmente llevó a Ecuador a romper relaciones con Colombia.

Desde el aspecto meramente diplomático, el affaire Reyes ha sido una desafortunada cadena de errores, que empezó con un dispositivo bélico llevado a cabo en territorio extranjero, obviando las más elementales normas del Derecho Internacional y sin medir sus consecuencias políticas.

Luego, el manejo dado al asunto –donde han primado los argumentos militares sobre las consideraciones políticas– ha delatado las protuberantes fallas que en los últimos años ha exhibido el servicio diplomático colombiano, frente en el cual la administración Uribe ha sido particularmente torpe.

Esta vez, un problema que debía manejarse por la Cancillería, terminó en manos de la Policía Nacional, cuya eficiacia quedó más que probada en el terreno de las armas y la inteligencia, pero que no tiene nada qué aportar en cuestiones diplomáticas. Haber puesto en esta situación al general Óscar Naranjo no sólo constituye una imprudencia política, sino que representa un desgaste innecesario para un oficial con una hoja de vida tan respetable.

Este incidente con Ecuador, pues, deja muy mal parada a Colombia en el vecindario, tal como ha quedado evidente en las múltiples declaraciones adversas recibidas tras la publicitada operación contraguerrilla llevada a cabo por tropas colombianas en territorio ecuatoriano. El hecho de que países como Chile, Argentina, Paraguay y Costa Rica, entre otros, se desmarquen de la posición uribista ratifican el poco apoyo que las posiciones de fuerza tienen en este continente.

Al fin y al cabo, ni Uribe ni ningún otro mandatario de un país tercermundista puede darse el lujo de actuar dándoselas de Bush, saltándose todos los protocolos y procedimientos internacionales de derecho.

Es más, aun en el caso extremo e indeseable de que Colombia decidiera resolver a la fuerza los litigios con sus vecinos, en el Palacio de Nariño deberían entender que incluso para hacer la guerra, hay que saber de diplomacia.

Opinión de ALFIN

Preguntas sueltas

¿A quién se le habrá ocurrido sugerirle al presidente Álvaro Uribe que demande a su colega Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional?

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¿Será el mismo que le recomendó que bombardeara Ecuador, porque eso no constituía ninguna violación a las leyes del Derecho Internacional?

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¿O sería que el Presidente estaba oyendo a Martha Lucía Ramírez en Hora 20, cuando sacó de la manga semejante propuesta tan descabellada?

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¿Con qué autoridad moral va Colombia a acusar a Chávez ante la CPI, si en nuestro país autores de crímenes de guerra, como los paramilitares, son amparados por el gobierno del propio Álvaro Uribe ?

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¿Quienes están aconsejando al Gobierno será que no son capaces de leer en un diccionario que genocidio es el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”...?

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¿No habrá pensado el doctor Uribe que Chávez le podría pagar con la misma moneda y demandarlo por su benevolencia con los grupos paramilitares?

La cosa no es como la pintan

Opinión de Iván Marulanda • Especial para Un Pasquín

La gente se contenta con poco en Colombia. Volver a las fincas y salir por las carreteras ha sido suficiente para que se crea que el presidente es extraordinario. El presupuesto de gastos en defensa se eleva este año a más de nueve mil millones de dólares, es decir, lo que exportan quinientas mil familias de caficultores en los doce meses del año no alcanza ni para pagar la tercera parte de lo que cuesta cuidar las caminos de herradura por los que transitan los finqueros y los veraneantes felices.

Más de un periodista se divierte y entretiene a la gente preguntando quién puede ser el próximo presidente de Colombia. No importa que no haya elecciones a la vista, al público le gusta que le hagan esas listas. El cálculo es sencillo. Quien mejor cuide las carreteras y los senderos a las fincas, ese es. Y nadie supera al que está montado, por aquello de que es mejor malo conocido.

Esa ecuación simple gusta mucho a otras personas de razonamientos más sofisticados, no pocas veces torcidos, que reciben a rodos favores del gobierno. Si con ese contentillo que se le de al electorado ellos pueden mantener puesta por más de una década la canal en el presupuesto nacional y en los decretos que prodigan sinecuras y prebendas, todos felices.

No se puede pretender que este país esté poblado de estadistas. Que cada individuo sea analista político, hacendista, internacionalista, planificador. La gente tiene demasiados problemas en la vida para dedicarle tiempo a estas complicaciones. Me refiero a los que saben leer y escribir, o mejor, a los que leen, que no son muchos. La gente no lee en Colombia. Entonces volvemos a lo mismo. La percepción de libertad y progreso que da salir por las carreteras es suficiente para resolver quién debe gobernar. Con la reelección se despacha el asunto y cada quien a lo suyo.

Es por lo que el punto no puede dejarse solo en manos de periodistas y gente del común que ellos encuestan para llegar a la misma conclusión. Los pocos que pueden darse el lujo de estudiar temas públicos con cierta profundidad, deben potenciar su papel y su trabajo y preguntarse cuestiones más complejas que las ordinarias que se oyen sobre el curso de la nación. Para que no se trague entero ni se pase de agache por la infinidad de problemas que están por resolverse.

El que fije los ojos y acerque la nariz a la situación del país, se queda con más de una preocupación. El atraso de la infraestructura es decepcionante para los estándares que exige la globalización. Tanto más, cuando la mayoría de las ciudades colombianas están lejos del mar. Las exportaciones que generan empleo de calidad agonizan, agobiadas por la sobre valoración del peso. La transferencia del patrimonio productivo nacional a corporaciones multinacionales que toman decisiones en escenarios internacionales en los que Colombia es un punto casi imperceptible, crea vulnerabilidades.

El narcotráfico, cada vez más ramificado y mimetizado, es opulento. La violencia y en general la criminalidad organizada, crean estructuras mafiosas cada vez más profundas en la sociedad. El crecimiento de la economía informal es arrollador. Los conflictos con los países vecinos y en general la política internacional son pésimos. La parapolítica y la mediocridad del Congreso anulan la democracia, lo mismo que las pugnas entre las ramas del poder público. El paramilitarismo, adentro y afuera de las cárceles, es ampuloso. La concentración de la riqueza desafiante. La pauperización de las barriadas urbanas y de los campesinos desespera. El desempleo profesional frustra y expulsa del país capital social. Las clases medias se estancan. Los desmovilizados y los desplazados son grupos a la deriva. Los desafíos ambientales son apremiantes, igual que los sanitarios. La corrupción hiede. Ningún color de rosa, señoras y señores, como lo pintan.

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Iván Marulanda es ex Constituyente.

Las elecciones americanas

Opinión de Juan Manuel López Caballero • Especial para Un Pasquín

Es probable que las elecciones primarias del 4 de Marzo en los Estados de Texas y Ohio hayan sido lo más importante o las de más peso en lo que hasta hoy existe en regímenes democráticos. Esto por lo que significa como evolución la escogencia entre un negro y una mujer como candidatos a la Presidencia de Estados Unidos; por el hecho que de no ser por esta consideración no habría prácticamente duda sobre el triunfo en las futuras elecciones; por lo reñido que está la candidatura en el Partido Demócrata; pero sobre todo por la preponderancia que hoy tienen los Estados Unidos como cabeza de un mundo unipolar.
Si le agregamos la relación que hoy tiene nuestro país con esa Nación, o tal vez más correctamente con su Presidente, se vuelve emocionante pensar en cada uno de estos puntos.

A pesar del énfasis que se le da, el que puedan llegar a altos puestos del Estado personas de color o del sexo femenino no es ya nada extraordinario allá. Es verdad que sorprende que apenas hace 50 años todavía existía el apartheid interior y se luchaba por los llamados Derechos Civiles, pero una vez aceptados los principios de igualdad de género y de raza su adopción ha sido lo que se podría llamar ejemplar: desde Magistrados de la Corte Suprema hasta Comandantes de las Fuerzas Armadas (aunque todavía no mujeres) pasando por aspirantes a la Vicepresidencia, o como ahora la Secretaria de Estado que cumple simultáneamente ambas condiciones. Lo que podría ser más significativo es la ausencia de la alternativa más convencional de un varón blanco en la contienda.

Por eso gane quien gane las primarias y/o la candidatura demócrata, el enfrentamiento principal va ser contra si mismo; lo que se decidirá ya en las presidenciales es si el electorado americano acepta como gobernante a una mujer o a un afroamericano. El candidato republicano no tiene ni siquiera la simpatía de su propia ala dura, el conservatismo, pero sí une a todos aquellos que ven con desconfianza ese ‘experimento’.

Lo interesante de lo ‘reñido’ es que se trata del peso y la fuerza del establecimiento tradicional contra la incógnita total. Ningún poder respalda a Barack Obama mientras que Hillary Clinton cuenta (o contaba) con todos los factores que parecían determinantes para una elección, desde la maquinaria partidista hasta el respaldo financiero. Su supervivencia como precandidata aún sigue en juego, aunque ahora su aspiración se oxigenó un poco gracias a los triunfos en Texas y en Ohio.

En general todos los países hoy dependemos de lo que suceda en Estados Unidos. Pero lo particular de la relación con Colombia es que la eventual continuidad del poder representado por el candidato de Bush o por la Señora del expresidente Clinton implica seguir las mismas políticas de los últimos doce años; la misma estrategia antidrogas de convertir a Colombia en su campo de batalla; la misma función de esquirol ante nuestros vecinos; la misma ‘alianza’ personal que lleva a solidarizarnos con sus guerras; o lo que es peor la misma ‘amistad’ de Pastrana con Clinton o de Uribe con Bush que lleva a renunciar a una política de Estado por una política de relaciones personales.

Recemos por que al final gane Barak Obama.

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Juan Manuel López es economista e investigador.

Aquí SÍ podemos hacerlo

Opinión de Guilario • Especial para Un Pasquín

Ya está disponible en DVD el documental Colombia Vive: 25 años de Resistencia, presentado por el Canal Caracol y la revista Semana a comienzos de enero y que es un invaluable espejo que nos permite repasar nuestra historia reciente en perspectiva. Al ver la secuencia de tragedias, de sufrimiento y de valientes vidas perdidas es difícil contener las lágrimas y preguntarnos qué se puede hacer para salvar un país donde la maldad parece brotar de tantas fuentes. Ver las imágenes de la bomba del DAS, del entierro de Jaime Garzón, del secuestro de Íngrid Betancourt no puede menos que hacernos pensar si este país tiene remedio.

Pero aunque la impresión que deja el documental es que Colombia es un país que tiene muchos más problemas de lo normal, la verdad es que ni la pobreza, ni la corrupción, ni el sometimiento a un poder extranjero, ni tener una clase dirigente egoísta, son problemas exclusivos de nuestro país. América Latina, casi sin excepción, tiene exactamente los mismos problemas y ni los bolivianos, ni los argentinos, ni los brasileños se matan como en Bojayá o El Salado, ni ven a sus compatriotas podrirse en la selva encadenados a los árboles, ni ven generaciones enteras de sus mejores dirigentes enterrados a los cuarenta años. Y es que Colombia sí tiene un problema que no tiene el resto de América Latina y que directa o indirectamente es responsable de todas las barbaridades que se ven en el documental: el narcotráfico.

¿A alguien le cabe en la cabeza que una organización de 20.000 hombres armados que secuestra y asesina sin discreción pudiera existir, sin el financiamiento que le da el narcotráfico? ¿A alguien le cabe en la cabeza que un hombre ofreciera un millón de pesos por cada policía muerto, sin el financiamiento del narcotráfico?

¿A alguien le cabe en la cabeza que existiera una organización que logró desplazar a 3 millones de personas a punta de sierras eléctricas y machetes y que a pesar de eso lograra tomarse el congreso, sin el financiamiento del narcotráfico?

Nicaragua, El Salvador y Guatemala, todos, tenían y tienen injusticias sociales mucho más profundas que las que tiene Colombia y sin embargo el fin de la Guerra Fría apagó sus guerrillas. No hay ninguna razón para creer que sin la plata de la droga en Colombia el conflicto armado (más no los problemas sociales) se hubiera extinguido también con el fin de la Guerra Fría. Y sin embargo acá seguimos veinte años después con nuestras ciudades llenas de desplazados, fumigando nuestras selvas, con los paras manejando la política, con todos los líderes del gobierno y de la oposición amenazados de muerte y a lo único que podemos atinar es a gritarnos guerrillero o paraco los unos a los otros.

El narcotráfico es una lupa que magnifica, agrava y salvajiza todos nuestros problemas y mientras exista, Colombia nunca va a poder solucionarlos ni vivir en paz. Ni fumigando, ni extraditando, ni con ninguna Seguridad Democrática ni Bloque de Búsqueda se va a acabar ese lucrativo delito y parecería que la única opción que tenemos es seguir sacrificando generaciones de nuestros compatriotas en una lucha inútil hasta que un día, dentro de 60 años, por encima del recuerdo de todos nuestros muertos, Estados Unidos declare que después de todo la cocaína no es tan mala como pensaban. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio?

Permitámonos creer por un momento que vivimos en un país soberano que es capaz de tomar la iniciativa a nivel internacional y que un día indignado por la cantidad de sangre que ha derramado tratando de proteger al puñado de gringos y europeos que se mueren por consumir cocaína, lidera un grupo de países productores y dice: “no vamos a seguir pagando sus vicios con nuestra sangre”. Y de un día para otro lo increíble pasa y la producción y el consumo de cocaína se vuelven legales en Colombia y otros países productores. A nivel local las consecuencias son inmediatas, el producto que ha financiado a la guerrilla y los paras pasa a ser un producto como la cerveza o el cigarrillo, regulado en su consumo, pero que genera empleos y desarrollo para el país. Con el beneficio agregado de que las regiones productoras de coca como el Guaviare, el Caquetá o el Catatumbo, históricamente las más abandonadas y pobres del país, se vuelven productivas y se empiezan a integrar con el país que sólo se acuerda de ellas para fumigarlas con plomo y glifosato.

Los impuestos al nuevo producto son reinvertidos en prevenir el consumo, en salud y educación (como lo son los del alcohol y el tabaco). Quizás hasta tendríamos la suerte de que la producción de cocaína siguiera siendo el único método de movilidad social que ha habido en Colombia, pero ahora dentro de la legalidad.

Evidentemente habría una reacción violenta de los países consumidores, sobre todo de los gringos, y tratarían de chantajearnos bloqueando nuestro comercio y a lo mejor amenazándonos tal como lo hace ahora Chávez, pero ¿será que eso nos podría hacer tanto daño como nos lo hace el narcotráfico? ¿Podría causar la misma corrupción, los mismos secuestros, la misma hambre, los mismos muertos? Si podemos redirigir nuestro comercio con Venezuela, ¿no podríamos hacer lo mismo con el de Estados Unidos?

No hay la menor duda de que si Colombia legalizara la droga sería un salto al vacío, pero, ¿estamos dispuestos de verdad a mantener el narcotráfico vivo en nuestra sociedad por miedo a tomar un riesgo internacional? Si su respuesta es afirmativa, por favor mire una vez más el documental Colombia Vive.

Los auxilios presidenciales

Opinión de Enrique Parejo González • Especial para Un Pasquín

La popularidad de Uribe deriva en buena medida de la posibilidad que tiene de repartir, muchas veces, personalmente, los subsidios de vivienda, las ayudas económicas para los programas de familias en acción y los pagos que les hace a los informantes, entre otros. En un país como el nuestro, donde la pobreza y, en una alta proporción, la miseria, y, en no pocos casos, la ignorancia, sumadas, afectan a más del 60% de la población, ese método le asegura al gobernante la popularidad que necesita para su continua reelección.

A lo cual se suma el monopolio que, en la práctica, ejerce el Gobierno, sobre los grandes medios informativos, cuyos propietarios, muy satisfechos con su gestión, les hacen llegar a los electores mensajes subliminales o francamente abiertos, en los que se magnifican los beneficios que, supuestamente, han recibido de él y de su gobierno todos los colombianos.

Debería haber una norma constitucional que prohibiera a los gobernantes –sobre todo después de aprobarse la reelección inmediata– la distribución de esa clase de ayudas o subsidios, que son el tiquete fácil que les aseguran los votos necesarios para repetir mandato. Si en Colombia se hizo una reforma constitucional para acabar con los auxilios parlamentarios, que se prestaban a tanta corrupción, es mucho más urgente una reforma que acabe con los auxilios presidenciales, que también generan, pero quizás en mayor grado, y de manera más nociva, fenómenos de corrupción.

El Presidente Uribe, en cierta forma, ha confesado el uso sesgado que hace de ese tipo de beneficios a la población, que él distribuye con el propósito inocultable de permanecer en el poder. En el fondo, se trata de una compra de votos, con utilización de los recursos del presupuesto nacional. Es inmoral que los dineros del erario se repartan a pedazos, entre los ciudadanos, sobre todo, cuando se hace con fines electorales. La entrega de cheques en los Consejos Comunitarios debería estar absolutamente vedada.

La confesión del Presidente ocurrió, hace pocos meses, cuando se estaba hablando de su posible sucesor –porque ya el sistema se está pareciendo a una monarquía hereditaria– y los medios señalaban entre los candidatos, al ministro de Agricultura, más conocido con el alias de Uribito, que con su nombre de pila. El primer mandatario, en un acto público, que fue transmitido por la televisión, le dijo a éste, palabras más, palabras menos:
“Ministro, a usted posiblemente le toque la próxima campaña a la Presidencia. Por eso es necesario aumentar considerablemente el programa de familias en acción, que puede ayudar en la realización exitosa de esa campaña.”

Este ha sido un país de caciques y gamonales que, con raras excepciones, han llegado a las posiciones de poder comprando votos o utilizando con ese fin los recursos del presupuesto nacional, que son recursos de la nación. Todo eso, que es inmoral y delictivo, se creyó que terminaría con la Constitución de 1991. Desgraciadamente, no ha sido así. Como se puede apreciar, la corrupción política sigue tan campante como antes. Este es otro de los frentes en que, al elegir al Presidente Uribe, el país ha fracasado.

No es de extrañar, que así ocurriera. Quienes algo hemos averiguado sobre su vida y malas andanzas, sabíamos, desde un principio, que era capaz de recorrer los caminos que hoy está recorriendo, y otros aún más peligrosos y dañinos, para satisfacer sus infinitas ambiciones de poder y de venganza.

Nuestros compatriotas tienen que darse cuenta de que quien ocupa hoy el solio de Bolívar no es la persona que idealmente muchos se han representado. Tendrá que pasar a la Historia como lo que ha sido: un hombre sin grandeza, que no se detiene ante nada –sea bueno o malo–, siempre que le sirva para alimentar su ego y permanecer todo el tiempo que quiera en el poder, si los colombianos lo permitimos. ¡Nada es respetable para él, cuando se trata de alcanzar esa meta! ¡Por el bien del país, debemos impedirlo!

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Enrique Parejo González fue Ministro de Justicia.

El 6 de marzo y la búsqueda de la paz

Opinión de Ricardo Sánchez Ángel • Especial para Un Pasquín

El 4 de febrero y el 6 de marzo, dos fechas en que se dan cita unas multitudes numerosas, varios millones en la primera y ojala otros tantos en la segunda. El 4 de febrero primó la consigna contra las FARC, y en verdad logró unificar sentimientos contra la práctica repudiable del secuestro, exigiendo la liberación de todos los retenidos. Más aún, el exclusivismo de la convocatoria fue orquestado ampliamente por los medios y promovido por el gobierno del señor presidente, quien colocó su cauda de funcionarios públicos en la marcha, al igual que los bancos, corporaciones y otras empresas privadas hicieron lo suyo.

Pero no todo fue manipulación. Ni masa amorfa la que desfiló ese día. Contingentes de jóvenes, universitarios y luchadores por los derechos humanos encabezaron la protesta. El primado de la vida, de la dignidad de las víctimas del secuestro, puso el derecho a la vida como lo central en las preocupaciones nacionales y no el anacrónico principio de la prevalencia de las instituciones estatales, ya que estas deben funcionar al servicio de la vida y no al revés. El antichavismo y la exaltación a la violencia paramilitar se dieron, pero su expresión fue limitada.

Los medios de comunicación en su afán de suscitar la masificación de las conciencias se propinaron un autogol. Magnificaron a las FARC, las exhibieron como una gran fuerza a escala internacional, con el mote de terroristas, pero como una gran fuerza, con el argumento subalterno de que así se hace en España contra la ETA. Tan solo que en Colombia es otra cosa y el vacío político de partidos, vida democrática acorralada, unanimismo de la prensa, la televisión y la radio hacen que el vacío lo aprovechen las FARC.

Es la lógica de los extremos que se necesitan para vivir. La verdad es que sin las FARC engrandecidas mediáticamente, no habría sido elegido, ni reelegido y amenaza volver a reelegirse el señor presidente, ni gozaría de tan abrumador apoyo. Quedaría al desnudo la república de los financieros, las multinacionales y los terratenientes. La pobreza y la exclusión tendrían visibilidad y posibilidades de expresarse democráticamente por sus derechos. El terrorismo de la diestra y la siniestra quedaría aislado y desaparecería.

La convocatoria de la marcha del 6 de marzo es justa y oportuna, corresponde a la protesta de las víctimas que las masacres y los crímenes del paramilitarismo y agentes estatales han producido por miles en las dos últimas décadas. Su principal vocero, Iván Cepeda, ha mantenido una inequívoca postura ética y política contra el secuestro y otras prácticas terroristas de las FARC y ha anunciado que se leerá ese día un pronunciamiento en el mismo sentido.

La intimidación que el gobierno del señor presidente ha ejercido, la actitud elusiva de los medios y las amenazas a sus organizadores buscan desestimular la participación ciudadana. El carácter pluralista y a favor del derecho a la vida que expresa esta jornada merece respeto. Afortunadamente crece la convocatoria a favor de la marcha: Carlos Gaviria, Rafael Pardo y múltiples sectores del Polo y el Liberalismo la apoyan. Y Piedad Córdoba estará en primera fila.

Es de esperar que la audiencia nacional e internacional a favor del Acuerdo Humanitario se convierta en un propósito nacional, al igual que la negociación política al conflicto armado entre las FARC, el ELN y el gobierno del señor presidente. La paradoja de la situación es que pese a que las partes exhiben intransigencia y lenguaje bravucón, las posibilidades de marchar con paso erguido hacia la paz están al orden del día.

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Ricardo Sánchez Ángel es profesor de las Universidades Nacional y Externado de Colombia.

Sobre Íngrid y Pinchao

Por María Elena Triana • Especial para Un Pasquín

Al terminar la lectura del libro Mi fuga hacia la libertad de John Frank Pinchao, me siento aún más dolida por los textos que por varios medios han circulado para desprestigiar, atacar u ofender a Íngrid Betancourt y aumentar el espantoso maltrato que le han dado sus secuestradores de las FARC.

Pinchao, que compartió con ella años de secuestro, da testimonio de los castigos, los padecimientos, las hambrunas, las enfermedades, las humillaciones hasta por un pedazo de papel higiénico, los trabajos forzados para armar los cambuches y tener de lecho un montón de hojas. Además, que nunca ha estado en presencia de Alfonso Cano ni de ningún otro integrante del secretariado de las FARC. A la conciencia, si la tienen, de los cobardes que inventan las infamias, vayan las verdades de Pinchao. Ojalá que los franceses que se han lucrado en sus libros del amarillismo, estén ocupados, para variar, con Itinerario sentimental y demás páginas sobre su nueva primera dama Carla Bruni y a su mismísimo señor presidente Sarcozy.

Y conste que nada de esto tiene que ver con la literatura, ni con la cultura de las naciones; así que solo quería comentar lo que relata Pinchao y mostrarles la carátula de su libro, hecho con la sencillez de su léxico para resumir más de 8 años de sus padecimientos propios y de sus compañeros de infortunio en el secuestro.

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María Elena Triana es abogada y escritora.

Populismo al revés

Opinión de Juan Camilo Restrepo • Especial para Un Pasquín

En materias tributarias parecería que estuviéramos empeñados en practicar en Colombia un extraño populismo, al revés del que usualmente se aplica: en vez de beneficiar a los más pobres se intenta afanosamente premiar a los más ricos.

Una de las noticias más chocantes que han aparecido en los medios fue la que pudo leerse en la prensa escrita el pasado 19 de febrero. Según esta primicia el gobierno tiene listo un decreto que extendería a las empresas que se han beneficiado de las gabelas tributarias que otorgó la llamada “Ley Páez” (expedida en 1995 y que expira próximamente) el tratamiento beneficioso de zonas francas recientemente expedido.

De adoptarse este decreto se habrá consumado una de las medidas más regresivas, costosas e innecesarias de política fiscal de que se tenga memoria.

Las gabelas fiscales que en su momento se otorgaron a las empresas que se instalaran en la zona del desbordamiento del río Páez han sido acaso las más cuestionadas de nuestra atiborrada historia tributaria: por la defectuosa técnica con que fueron redactadas, por las abundantes elusiones que rodearon su aplicación. Y por el escaso impacto que han tenido en la recuperación del área afectada frente al inmenso costo fiscal que ha tenido esta ley que se estima en la pasmosa cifra de $1,6 billones.

Tanto la teoría como la legislación Colombiana (ley 819 de 2003) recomiendan que este tipo de incentivos fiscales sean estrictamente transitorios. Que no se prolonguen indefinidamente en el tiempo –como pretende hacerlo el decreto de marras– para que no se perpetúen gabelas distorsionantes frente a otras empresas o sectores.

Pues bien: en vez de dejar expirar normalmente la ley Páez para que las empresas que durante más de una década han molido generosísimas gangas tributarias se reincorporen al redil de las normas fiscales generales, el gobierno estaría buscando darle perpetuidad a sus privilegios. Aplicándoles (¡quien sabe a través de qué retorcida argumentación jurídica!) la nueva legislación sobre zonas francas a domicilio que fija para los agraciados una tarifa del impuesto a la renta del 15% cuando para el resto de las empresas es del 33%.

Vaya usted a saber cómo se hará esta pirueta mental, pues las zonas francas siempre se entendieron como un estatus especial que se brinda a las empresas nuevas que se ubiquen en zonas delimitadas para exportar. Y éstas de la zona Páez ni son nuevas ni se crearon como prioritariamente exportadoras.

La política tributaria de la administración Uribe se ha caracterizado porque le encanta cargarle la mano sin piedad a las rentas del trabajo, y a los consumidores a través del IVA y de la altísima tributación sobre los combustibles. Pero cede mansamente ante las presiones de quienes piden tratamientos de privilegio para sectores poderosos. La tapa de la olla de tantas incongruencias fiscales sería este decreto sobre la “Ley Páez” a través del disfraz de las zonas francas.

Anuncios como éste, de populismo al revés, demuestran además que tenía toda la razón el ex ministro Rudolf Hommes cuando en reciente artículo señalaba que por estos tiempos “los traficantes de influencias montan y desmontan en Palacio”.

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Juan Camilo Restrepo es ex ministro de Hacienda.

El tren de Sanz no pasó por Venezuela

Opinión de Joanna Ruiz Méndez • Especial para Un Pasquín

Fue en el año 2004, en una rueda de prensa en Venezuela, cuando Alejandro Sanz declaró que no le gustaba el gobierno de Hugo Chávez. Incluso fue más allá: dijo que si tres millones de personas le pidieran que dejara de cantar, el lo haría, en clara alusión al proceso de recolección de firmas que efectúo la oposición venezolana para poder realizar el referendo revocatorio en contra del presidente venezolano.

Ahora, en 2008 y a cuatros años de haber realizado esos comentarios, el gobierno venezolano por fin pudo pasarle factura al cantante español. Primero fue el Ministerio de Educación Superior que le negó el Poliedro de Caracas para la realización del concierto, que formaba parte de su gira “El tren de los momentos” y que inicialmente estaba programado para el 01 de noviembre. Después, fue el Consejo Legislativo del Municipio Libertador quien lo declaró persona non grata instando a las autoridades a prohibir el concierto que fue reprogramado para el 14 de febrero. Y aunque no se especificó con exactitud, finalmente llegó la decisión –esperada por casi todo el mundo, incluyendo a Sanz– de la empresa organizadora del concierto, Evenpro, de cancelarlo en vista de “no contar con las condiciones necesarias para su realización”.

La noticia levantó polvo y no sólo en Venezuela. Ya más de 80 artistas –como Shakira, Ricky Martin y Miguel Bosé– y hasta estrellas del deporte como David Beckham, expresaron su respaldo a Alejandro Sanz, evidenciando un rechazo absoluto a la cancelación del concierto por razones evidentemente políticas y una preocupación importante por la situación de Venezuela. Fito Páez, otro de los artistas que se pronunciaron en contra de las medidas oficiales que impidieron la realización del concierto, manifestó a un periódico venezolano que esta era “una muestra más de la arrogancia y brutalidad de Chávez”, al que ya ha criticado en anteriores oportunidades.
Este tipo de situaciones son indignantes en más de un sentido. Es absurdo que las instituciones u organismos públicos se preocupen por obstaculizar la realización de un concierto por razones políticas, cuando en el país existen asuntos mucho más importantes y fundamentales que atender. Es irónico además que se castigue a un artista por generar polémica con sus opiniones cuando el presidente venezolano es un experto en este tema y en situaciones y contextos mucho más delicados. El doble estándar del gobierno de Chávez vuelve a manifestarse en esta ocasión al dejar claro que lo que es permitido para el presidente, parece no serlo para el resto de los mortales.

Y encima, la ironía. Es insultante que ahora, después de entregado el dinero de las entradas y de cancelado el concierto, el presidente venezolano invite a Alejandro Sanz a cantar en el palacio de gobierno para demostrar que no existe un veto en su contra. Ya después de escuchar cómo un ministro exoneraba a Chávez de cualquier culpa por usar la palabra mierda en una transmisión en vivo durante tempranas horas de la tarde, con la excusa de que un premio Nobel –Gabriel García Márquez– la había usado en sus libros, puede parecer extraño que moleste el cinismo de los funcionarios públicos. A pesar de la costumbre, la irritación ante este tipo de declaraciones persiste.

No sólo quedaron corazones partíos con esta situación, sino múltiples reflexiones que tocan aspectos tan importantes como la libertad de expresión, la intolerancia y los mecanismos de presión que utilizan los gobiernos represivos para conseguir sus fines. Sin embargo, estos temas se unen a muchos otros que también son motivo de análisis –e incluso de preocupación– y que si bien involucran a Venezuela, afectan no sólo a los venezolanos sino a toda América Latina en general.

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Joanna Ruiz Méndez es una periodista venezolana.

De la mezquindad política

Opinión de Carlos J. Villar Borda • Especial para Un Pasquín

Mezquina, sórdida, roñosa ha sido la conducta del gobierno Colombia al perfilar su política en todos los campos, desde su tratamiento a la Corte Suprema de Justicia hasta los viajes del presidente a países de América y Europa con el fin de convencer al mundo de que las FARC son una organización terrorista, que no tienen la más mínima convicción política. Y como todos los medios de comunicación sólo existen para repetir una y mil veces la versión oficial del Palacio de Nariño sobre los acontecimientos del día, el tambor de la resonancia que se reproduce por el eco que resuena en todos los rincones del país, el manso pueblo concluye por creerse lo que le están diciendo varias veces diarias, así como la débil gota que termina perforando la roca más sólida.

Dicha política oficial ha servido para crear un remozado delito de traición a la patria, que en última instancia ha servido para calificar a quienes no pensamos como el señor Uribe y a quienes vemos algunas cualidades en el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Una de las repercusiones más alarmantes de esa política ha sido el canallesco tratamiento que se ha dado a la senadora Piedad Córdoba. Ante la inaceptable agresión de que fue víctima por parte del conductor de un taxi, la única reacción oficial la produjo el ministro del interior y justicia quien al ser interrogado sobre el episodio sacudió la cabeza eternamente somnolienta para decir: “¿Para qué se pone (la senadora) a hablar de esa forma?”. Es decir, se confirma la impresión de que en este país ya no se puede discrepar del pensamiento oficial, ya se trate de cuestiones de segundo orden o mucho menos de los grandes problemas nacionales.

Un ejemplo más reciente es el tratamiento que le ha dado el gobierno al problema de los secuestrados por las FARC y a la liberación de algunos de ellos por mediación del gobierno de Venezuela y del propio presidente Chávez. El ministro de defensa (del presidente, no de la patria) ni siquiera mencionó a Venezuela ni a Chávez cuando se produjo la liberación del último grupo de secuestrados. Haciendo malabares verbales, que se adivinaban por los gestos de su boca, anunció la liberación en términos tan confusos que sólo se podía atribuir a gestiones de la Cruz Roja Internacional. Desde luego que la Cruz Roja accedió a prestar su nombre para proteger a las aeronaves venezolanas durante su permanencia en cielos colombianos, pero seso no quiere decir que dicha entidad haya hecho todo el trabajo para lograr la liberación. Pero como elogiar a Chávez, o simplemente agradecerle su gestión, constituye un delito de traición a la patria, se emplea a la Cruz Roja como actora principal en todo el episodio. Entre tanto los presentadores de los diversos noticieros de televisión dejaban ver su convencimiento con la versión oficial.

La verdad es que todos estos problemas tienen como telón de fondo la mezquindad con que el alto gobierno analiza la situación de los dóciles colombianos. No hay de parte de la administración la aceptación de que el país tiene sentido para todos los ciudadanos y que cada uno de nosotros somos seres humanos que sentimos, sufrimos y reaccionamos con la misma electricidad que trae por dentro el cuerpo del señor Uribe. Desde luego que este ha sido un tratamiento que viene de muy atrás, pero que el actual gobierno ha llevado hasta los límites de creer que la única palabra válida es la del señor presidente.

El presidente y su ministro defensor ciertamente reconocen a las FARC para insultarlas y denigrar de sus acciones, algunas de las cuales han terminado en actos de terror, pero lo único que ve el gobierno es que son un grupo de terroristas con el cual no se puede tener el ningún contacto. Esto cierra las puestas a la idea racional de una negociación política, pero habría que partir de la base de que ellos también son colombianos, lo cual está por fuera de la capacidad de maniobra de Uribe y sus adláteres. Al mismo tiempo el gobierno sigue insistiendo en una imposible rendición a la vía armada, pero a pesar de toda la ayuda de la CIA y militares estadounidenses, no existe ninguna luz al final del túnel. Es la política guerrerista de la actual administración la cual confirma a quienes lo predijimos que Colombia no tendrá paz mientras Uribe siga de presidente.

Y como todavía nos queda por delante el tercer mandato, parecería que no queda sino agachar la cabeza y gemir: ¡Pobre Colombia!

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Carlos J. Villar Borda es periodista.

Repugnante

Opinión de Mario Quadros • Especial para Un Pasquín

‘Repugnante’ fue el término usado por el Embajador de Estados Unidos, para expresar su indignación o la de su gobierno al conocer las fotos de los secuestrados enviadas por las FARC. No podemos estar más de acuerdo con esa expresión para definir ese crimen.

Sin embargo, Nicholas Kristoff, en su columna del pasado 14 de febrero en The New York Times [“When we torture” (Cuando torturamos)] relata el caso del camarógrafo Sami al-Hajj de la cadena de noticias árabe Al Jazeera, preso en Guantánamo hace seis años, sin acusación formal o condena y además incomunicado. Su nombre es reconocido en el mundo árabe donde su situación provoca cada vez mayor repudio, indignación y odio hacia a Estados Unidos. Me pregunto si a esto también se le puede llamar secuestro.

Relata el columnista que el Sr. Sami fue dejado sin alimento, golpeado y sometido a grandes humillaciones. Inicialmente parece haber sido confundido con otro camarógrafo y posteriormente fue presentada contra él una vaga acusación de haber servido de correo financiero y consecuentemente de apoyar a grupos terroristas. En una demostración de que su débil acusación no es creíble, el gobierno americano ha ofrecido liberarlo a cambio de convertirse en espía dentro de la cadena de noticias Al Jazeera.

Con este relato surge la duda sobre qué tan honesta es la indignación del embajador, siendo el representante de un gobierno que secuestra, tiene prisiones clandestinas y tortura. Cinismo e hipocresía es lo que mejor define esta situación.

Otro ejemplo de cinismo se relaciona con las marchas del 4F y del 6M que fueron o serán unos de los grandes acontecimientos políticos del momento. Con cinismo e hipocresía, Colombia jamás logrará curar las heridas y encaminarse hacia la reconciliación. Algunos de los que marcharon con orgullo y patriotismo el 4F, considerándose foco de indignación por los crímenes de las FARC, aparecen hoy contrarios a marchar en contra de los crímenes de los paramilitares, en algunos casos con la complicidad de miembros del Estado, esencia de la marcha del 6M. ¿Por qué debemos diferenciar y categorizar la violencia cuando nos afecta a todos?

Dentro de esta lista de cinismo e hipocresía, es interesante observar el comportamiento de algunos medios de comunicación. Parecería que hasta ahora se dieran cuenta de los monstruos que circulan como la corrupción, la asignación amañada de las tierras productivas, e incluso del tercer mandato de Uribe.

Lo mismo parece estar pasando con algunos columnistas. El ex Ministro Hommes es un ejemplo. En su entrevista en El Espectador admite que ha cambiado de filosofía. Dice que se separa conceptual y ideológicamente del uribismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace un hombre que ha vivido en la política y que además de haber sido el gurú económico de este gobierno, lo apoyó desde el inicio, lo defendió y ahora sale con esta novedad? Honestamente, no sé cómo definir este comportamiento. Si como oportunismo, debilidad ideológica, incapacidad política o traición.

Seguir los postulados de los Obdulios, Londoños o Apuleyos sobre la marcha del 6M, es estar comprometido hasta el cuello con la extrema derecha y en ese caso no hay nada que hacer. Sobre José Obdulio ya se dijo todo. Londoño, con su mentalidad, hubiera sido excelente ministro de justicia, pero en cualquiera de las dictaduras militares que tuvimos en el Cono Sur durante los setentas y ochentas. Y Plinio, por su parte, pertenece a un género muy conocido. En Brasil lo llamamos de vira casacas (volteados). Portadores de un amargo complejo por su fragilidad ideológica, producen y lanzan poderoso veneno contra sus raíces políticas. Carlos Lacerda, un político de Brasil que fue de izquierda en su juventud, terminó liderando en Rio de Janeiro el golpe militar de 1964 y su histeria contra la izquierda hasta hoy es recordada.

El cinismo y la hipocresía parecen encerrarnos en una ceguera colectiva al mejor estilo de las novelas de José Saramago. ¿Qué debemos hacer para recuperar la visión de país que nos permita imaginar un futuro común?

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Mario Quadros es Ingeniero industrial y estudiante de Ciencias Políticas.

TRES EN UNO

OH,
Uribe no solamente está adquiriendo ya ese aire magnífico de momia, majestuosa pero mohosa que caracteriza a los prohombres de este pobre país, como Rafael Núñez, Julio César Turbay, Francisco de Paula Santander o Manuel Marulanda Vélez que nunca terminan de morir ni de hacer daño. También se da la licencia, como ellos, de decir toda suerte de imbecilidades, convencido de que con ellas pasará a la historia de este pobre país sin pasado, sin presente y sin futuro (“le doy en la cara, marica”, etc).

URIBE
Ya tiene ese aspecto de faraón embalsamado, insensible a la vida y ajeno a la muerte, con aire de vampiro, tan propio de los falsos héroes y en especial de los falsos héroes paisas, como ese supuesto prócer de la Guerra de los Mil Días que fue Rafael Uribe Uribe (horror: dos veces Uribe en una misma persona).

INMORTAL
El Mesías de Tranquilandia, perdón, de Transilvania; el Paladín de los Helicópteros, el Héroe de José Obdulio [Pablo Escobar Gaviria no tiene la culpa de tener un pariente así], ya tiene ese rictus de Drácula que lo hará felizmente eterno. Y se lo merece como nadie. Para no desgastarnos de reelección en reelección, sería bueno que se quedara para siempre en la Presidencia, como las gárgolas en los desagües de tejados inmortales. Solamente cambiemos un articulito para establecer que cuando el Rey del Paupérrimo ya no sea más que un pergamino transparente y quebradizo, sea remplazado por Mancuso, Macaco o (qué sé yo) cualquiera de esos otros próceres que también tienen la mano firme y la sangre fría que los ha hecho grandes.

Boogie, el aceitoso