lunes, 7 de abril de 2008

El modelo desplazador

Opinión de Cecilia López Montaño
Especial para Un Pasquín

El debate de control político sobre Carimagua, realizado el 11 de marzo en el Senado de la República, fue de gran importancia para el país. Señaló y describió cómo el Gobierno Nacional y particularmente, el Ministro de Agricultura, asume la tensión que existe entre el deber constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos, en este caso de los desplazados que tienen que tener protección especial, y el favorecimiento y defensa de los intereses económicos particulares. Las decisiones sobre Carimagua, suspendidas por inconstitucionales según la Procuraduría General de la Nación, dejaron en claro el “modelo desplazador” que está impulsando este Gobierno en el sector rural. Y ese es el gran mérito del debate así los amigos del Ministro de Agricultura lo hayan rodeado para aplaudir su gestión y desviar la atención sobre el centro del debate.

Son dos las premisas fundamentales de este modelo: la primera afirma que los desplazados son inválidos productivos, y la segunda, que los empresarios son el eje del desarrollo, y para el caso de Carimagua, los empresarios rurales. Estas son las razones expuestas por el Ministro que justifican desobedecer la Constitución y el mandato de la Corte Constitucional del 2004, para entregarles a grandes empresarios no solo Carimagua sino cuatro proyectos más que pueden sumar casi 100 mil hectáreas. Y todo esto, incomprensiblemente respaldado por el señor Presidente Uribe, un buen conocedor del campo colombiano.

Sin embargo, existen argumentos sólidos que claramente demuestran la falsedad de dichos planteamientos. Frente a la primera premisa, una serie de investigaciones premiadas mundialmente demuestran su falsedad. La gran mayoría de los desplazados, si no todos, son campesinos y antes de que fueran violentamente expulsados de sus parcelas, el 55% de ellos tenía acceso a tierra –14 hectáreas en promedio– muchos con títulos de propiedad y con más éxito que los campesinos pobres.

Pero ahora, fruto del desplazamiento viven peor que los pobres extremos de las urbes. Las cifras son contundentes: en el 2004, cuando los desplazados eran un millón y medio de personas, se perdió 2.1% del PIB agrícola y actualmente, con unas cifras de desplazamiento cercanas a los 3 millones de personas, la pérdida del PIB agrícola se aproxima peligrosamente al 3%.

Ahí está parte de la explicación de que el sector rural esté creciendo una tercera parte de la economía. De manera tal que la supuesta invalidez productiva de los campesinos es una premisa falsa. Lo que sí es cierto es que gracias a la violencia perdieron sus tierras, sus otros activos fijos, su crédito, su capital social y su capacidad productiva que es definitivamente agrícola y no urbana.

Ahora, frente a la segunda premisa que sostiene que el eje del desarrollo son los empresarios, el caso de Carimagua puso en evidencia que existe una clara estrategia burocrática para asegurar la rentabilidad de los empresarios a punta de exorbitantes subsidios. Tierras arrendadas a 50 años, con cánones bajos y toda clase de prebendas como créditos de Finagro sin costos durante 5 años, ICR, Agro Ingreso Seguro que va en un 95% a grandes productores y, sobre todo, acceso a información privilegiada. Existen relaciones confusas entre el Gobierno y los empresarios que se reflejan en el nombramiento de empresarios amigos del Presidente como representantes en las Juntas Directivas de instituciones públicas. Deja muy mal sabor que personas cercanas al Ministro de Hacienda, representante personal del señor Presidente en Acción Social, participen en la licitación de Carimagua.

Este modelo desplazador demuestra claramente cómo el Gobierno resuelve la tensión entre derechos e intereses, a favor de los empresarios. Y, bajo las dos premisas anotadas, justifica que se viole la obligación que tienen autoridades y ciudadanos, de hacer todos los esfuerzos para garantizar la vida digna de los desplazados. Vida digna implica vivir como se quiere, es decir, gozar de condiciones de libertad y autonomía para escoger el proyecto de vida propio; vivir bien o poseer condiciones materiales mínimas para vivir y sobre todo, vivir sin humillaciones, lo que significa tener garantías para proteger la integridad física y moral de cada persona. El modelo desplazador prioriza los intereses económicos de los empresarios y pone en riesgo la posibilidad de restaurar la vida de personas que, por la ineficiencia del Estado, perdieron sus bienes y su dignidad.
Gracias a las acciones del Procurador y a que se dio este debate, hoy el país puede por fin entender y analizar este modelo desplazador que olvida a los desplazados. Llegó la hora de defender su derechos y esto empieza por devolverles su acceso a la tierra.

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Cecilia López Montaño es Senadora de la República por el Partido Liberal.

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