viernes, 26 de octubre de 2007

¿Seguridad demoqué...?


[EDITORIAL] Más de veinte candidatos a corporaciones públicas y a cargos de elección popular asesinados son un saldo vergozoso para cualquier democracia; la gran tronera en la política de seguridad democrática es evidente.
La pepa de la democracia son las elecciones y si las medidas de seguridad del Estado no sirven para garantizar unas elecciones seguras, entonces, ¿de qué estamos hablando? No basta con que el gobierno salga a señalar a las FARC, pues todos sabemos que son asesinos sin escrúpulos. También hay que reconocer el papel de algunos grupos paramilitares en dichos crímenes. Pero, más allá de eso, lo que toca es evitar que tanto unos como otros actúen contra los candidatos o contra los electores.
Este baño de sangre no debería darse bajo un gobierno que se jacta de haber recuperado la presencia del Estado en todo el país: o no existe la tal presencia institucional que reclama el gobierno, o algunos agentes del Estado –por acción o por omisión– tienen ahí alguna cuota de responsabilidad.

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Capítulo aparte merece la danza de los millones de pesos en las campañas, empezando por las de los candidatos a ediles. ¿Cómo será eso de ahí para arriba? La respuesta llegará con las cuentas de cobro.

Una nueva señal de alerta para la democracia

Opinión de Enrique Parejo González*
Especial para Un Pasquín

El vergonzoso episodio recientemente provocado por el Presidente Uribe contra la Corte Suprema de Justicia constituye una seria voz de alerta para la democracia. Ese episodio ha a revelado, una vez más, que a él le incomoda la existencia de tres poderes en la organización política del Estado.
Por ejemplo, varias veces, el Presidente Uribe ha tratado de sustituir, en sus funciones, a la Rama Judicial del Poder Público. Y al Capitolio lo ha convertido en una dependencia de la Casa de Nariño. En frecuentes desayunos con los legisladores que le son adictos, se cocinan las leyes cuya aprobación se formaliza después en las sesiones ordinarias del Congreso, por encima de las reservas u objeciones que, fundadamente, tengan los otros congresistas.
Los partidos políticos que han asumido el compromiso de apoyar al Presidente en todas sus iniciativas, aún las más arbitrarias e inconvenientes, parecen ser los instrumentos de la voluntad omnímoda de aquél. Se han prestado, incluso, para frustrar importantes debates que debían realizarse, dentro del marco de la función de control que le corresponde al Congreso. Lo cual ha contribuido a fortalecer aún más el poder personal y omnímodo del Mandatario.
En el episodio que estamos comentando, un Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo la solicitud de un paramilitar, conocido con el alias de Tasmania –quien se hallaba privado de su libertad por la comisión de delitos graves–, concurrió a una audiencia, en compañía de un colega suyo, para oír las revelaciones que aquél, voluntariamente, había ofrecido hacer, sin que el Magistrado Auxiliar supiera sobre qué hechos en particular recaerían tales revelaciones.
El Presidente Uribe, que debe tener ojos y oídos en todas partes –como ocurre con los dictadores en los peores regímenes totalitarios–, enterado de la realización de la audiencia, al día siguiente llamó al Magistrado para preguntarle si el paramilitar había dicho algo contra él.
Pero como, supuestamente, el Presidente recibió, el mismo día de la audiencia, una carta en la que el paramilitar culpó al Magistrado Auxiliar de haberle ofrecido beneficios penales a cambio de que acusara al Primer Mandatario de haberle ordenado, en el año 2003, el asesinato de otro paramilitar, aquél, con el evidente propósito de neutralizar esa acusación, llamó a todos los medios para acusar públicamente a la Corte Suprema de Justicia de estar urdiendo un complot contra él. Viene aquí, como anillo al dedo, el conocido aforismo “¡Quien no la debe no la teme!”
Daba tristeza y al mismo tiempo repugnancia ver a un Jefe de Estado descompuesto, vociferando a través de los medios, contra todo aquél que le diera la más mínima credibilidad a la presunta acusación. Con lo cual no hacía otra cosa que revelar un complejo de culpa, por razón de sus vínculos con los paramilitares.
En una verdadera democracia, le acarrearía responsabilidad política al gobernante que se atreviera, como lo hizo el presidente Uribe, a llamar a un funcionario de la Rama Judicial a preguntarle sobre el resultado de una diligencia penal que, de alguna manera, tuviera relación con él, o con alguno de sus familiares o amigos. En cualquier latitud, esa actuación es un abuso de poder y una indebida injerencia en los asuntos de competencia de los jueces.
¿Por qué será que, tanto en el país como en el exterior, existe la convicción de que Uribe Vélez ha sido y es amigo de los paramilitares? No cabe duda de que esa convicción se basa en hechos ciertos que permiten afirmarlo. Pero, además, por la forma tan generosa como injustificada en que él, en su condición de Presidente, ha pactado con ellos normas que, en la práctica, equivalen a verdaderos indultos. Cuando, por el contrario, la atrocidad de sus crímenes obligaría, en sana lógica, a aplicarles penas mucho más severas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente informe, ha señalado la existencia de graves anomalías en el proceso de desmovilización de los paramilitares. Lo cual nos lleva a reafirmar que, si en el episodio en cuestión, hubo un complot, no pudo ser otro que el maquinado por el propio Jefe del Estado, en su propia defensa y para tratar de debilitar la acción de la Corte Suprema de Justicia contra la llamada para-política, a la que han sido vinculados amigos y parientes suyos.
¡Maquiavelo estuvo presente en este sórdido episodio!

*Ex ministro de Justicia.

‘En la casa del pez que escupe el agua’

Opinión de Juan Camilo Restrepo*
Especial para Un Pasquín

Con el título de este artículo publicó Francisco Herrera Luque –hace ya varios años– su gran novela sobre Juan Vicente Gómez. Es el relato del surgimiento, apogeo y decadencia del más agobiante autoritarismo que ha vivido Venezuela. Apenas comparable con el que ese país está presenciando ahora.
El haberle entregado todo el protagonismo de la promoción del acuerdo humanitario al Presidente Chávez nos está opacando la visión a los colombianos de lo que allí está aconteciendo en materia económica. Que es muy grave.
La semana pasada, por ejemplo, asistimos a una deplorable voltereta de Colombia en virtud de la cual, pese a que el Ministro de Hacienda de nuestro país había anunciado que no entraríamos a hacer parte del Banco del Sur que está promocionando la diplomacia petrolizada de Caracas, en la ceremonia de Campo Ballena del 12 de octubre el Presidente Uribe dio marcha atrás de lo que había anunciado su Ministro y pidió formal admisión de nuestro país a dicho Banco. Es ésta una buena muestra de cómo las buenas decisiones económicas están teniendo que ceder el paso a las que se juzga apropiadas para apaciguar el vendaval publicitario en que nos está envolviendo el régimen de Chávez.
Lo que está aconteciendo en la economía venezolana es supremamente grave. Y cuando todo ello reviente –que puede ser más pronto que tarde– el coletazo negativo para Colombia será de impredecibles consecuencias. Unas cuantas cifras sirven para apreciar cómo la economía venezolana (a pesar de los buenos precios del petróleo) se está degradando a marchas forzadas:
Durante los últimos tres años Venezuela ha venido creciendo a tasas promedio del 10%; todos los observadores coinciden sin embargo en que el año entrante el PIB venezolano se reducirá a menos del 5%. La tasa de inflación cerrará este año con un nivel cercano al 20%. El balance fiscal de Venezuela –a pesar de los excedentes petroleros– tendrá en el 2007 un déficit del orden del 4% del PIB. Entre el cambio oficial del Bolívar y su tasa en el mercado paralelo hay actualmente una insostenible diferencia de tres a uno. La politización y el desmantelamiento técnico de PDVESA han llevado a que la producción de crudo venezolano caiga a niveles de 2,4 millones de barriles por día cuando su cuota en OPEP es de 3,3 millones. El control de precios, el desabastecimiento y la corrupción son fenómenos rampantes. Lo mismo que la inseguridad. Santiago Montenegro afirmó en un foro en la Cámara de Comercio de Medellín que Venezuela sufre hoy en día una verdadera “crisis humanitaria” por la disparada de los homicidios y por la inseguridad generalizada que allí se vive.
Frente a este panorama no hay que olvidar que el vecino país es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos. El comercio exterior con Venezuela representa el 15% de nuestros intercambios con el resto del mundo. Y algunos sectores de las exportaciones colombianas como los automotores, los productos animales, los textiles, los cueros y la maquinaria tienen una dependencia aún mayor de la economía venezolana.
Todo indica, pues, que se avecina una fuerte devaluación del Bolívar aunque el régimen de Caracas lo niega. Pero las fuerzas del mercado siempre son más fuertes que la retórica de los gobiernos. Y cuando esta devaluación llegue (y todo indica que será pronto, pues la situación se está tornando insostenible) nuestras exportaciones, que hasta el momento se han beneficiado del auge económico, del desmesurado gasto público del gobierno bolivariano y de los desabastecimientos, sufrirán un grave tropiezo.
Más nos vale precavernos a tiempo de esta grave amenaza, en vez de hacerle el juego a Chávez con medidas populistas y tornadizas como el ingreso colombiano al Banco del Sur. Estamos de nuevo frente a la ‘Casa del pez que escupe el agua’: ojalá no resultemos muy salpicados cuando se prenda la pila del inexorable ajuste económico venezolano.

*Ex ministro de Hacienda y de Minas y Energía.

Yo voto en blanco

Opinión de Gina Parody*
Especial para Un Pasquín

En las pasadas elecciones para alcalde en Cartagena, la segunda mayor votación la tuvo el voto en blanco. Cientos de ciudadanos se unieron para promoverlo e impedir que un muy cuestionado candidato llegara a la Alcaldía. Haber obtenido la mayoría hubiera significado convocar elecciones con nuevos nombres. Aunque en la contienda en Bogotá no tenemos candidatos vinculados con grupos armados ilegales, sus propuestas en general son tan flojas o inexistentes, que la intranquilidad agobia. Y cuando se está inconforme, la opción democrática en las urnas para un ciudadano responsable no es otra que el voto en blanco.
En Colombia, el voto en blanco es válido y por ningún motivo se puede considerar como parte de la abstención, ni muchos menos como un instrumento ‘revolucionario’ contra la democracia como aseguran las FARC. Por el contrario, es la opción para los ciudadanos inconformes, que no se convencen con las alternativas que representan los candidatos. Además, hoy tiene mayor valor porque si obtiene más del 50% de los votos totales en unas elecciones, obliga a repetirlas desechando los anteriores candidatos.
Mi decisión de votar en blanco para la Alcaldía de Bogotá el 28 de octubre, no es una egoísta ‘manifestación de lucidez’ o de falta de responsabilidad ciudadana, como lo califica José Saramago en su célebre ensayo. Lo que procuro es mostrar a la ciudadanía mi gran preocupación porque durante la campaña no se tocaron, o se trataron de manera banal, los asuntos importantes para una ciudad que ostenta el triste récord de tener en Ciudad Bolívar uno de los más grandes megatugurios del planeta. Y la realidad es que muchos electores simplemente están apelando al voto útil, a votar sin informarse, y optar por promesas politiqueras.
No hay una sola iniciativa ambiental seria, no se sabe cómo se organizará un sistema integrado de transporte, no hay propuestas audaces para enfrentar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda digna, nada han dicho de cultura ciudadana y mucho menos se conocen propuestas efectivas para proteger la niñez y la adolescencia. No nos digamos mentiras: aquí a nadie le importan los niños sino es para llenar titulares con propuestas que no resisten el primer análisis.
Por un lado, el candidato Samuel se quedó en el diagnóstico y en ofertas gaseosas sobre lugares comunes sin compromisos. Un Alcalde está para dar soluciones a la pobreza, el desempleo, la vivienda y la educación. Lo importante es saber cómo, y eso no nos lo ha dicho. Es de sentido común entender que Bogotá necesita un Metro, pero hacerlo bajo el argumento de que no se puede poner Transmilenio en la décima “porque por allí pasa el 60% de las rutas de trasporte público” no deja de ser sospechoso. Así las cosas, no sabemos si el metro de Samuel es la fila de cientos de buses que vemos por la décima con sus afiches.
Por su parte, el candidato Peñalosa solo nos presenta su balance de gestión de hace 8 años, como propuesta para una ciudad que está haciendo su tránsito a una las grandes megaciudades del siglo XXI. Transmilenio no puede ser la columna vertebral de un gran sistema de transporte sino uno de sus componentes. No se puede pensar en aliviar el déficit habitacional cuando las familias más pobres no han podido acceder a las casas de Metrovivienda por su precio y su pequeño tamaño. Así mismo, no se le puede creer a alguien que propone que los niños sean felices cuando piensa que reciclar es atolondrado. ¿Será que todos los estudiantes que reciclan en sus colegios son lo que dice Peñalosa?.
Las verdades hay que repetirlas muchas veces para que no caigan en el olvido. En esta campaña no se discutieron, o se trataron de manera light, los temas importantes para la ciudad. Por esto, la lección que los bogotanos debemos dar a la democracia y a los candidatos, por desaprovechar esta oportunidad de definir un modelo de ciudad para el siglo XXI, es votar en blanco.

*Senadora de la República.

Presidencialismo hirsuto

Opinión de Ricardo Sánchez Ángel*
Especial para Un Pasquín

Tantas actuaciones torcidas por parte del señor presidente, sus ministros de Defensa y Gobierno en las últimas semanas, tantos abusos de poder, maledicencia y calumnias contra los periodistas Gonzalo Guillén y Daniel Coronell, a quienes atacó en emisoras con odio, infundiendo miedo, como un camorrista profesional. Haciendo alarde de machismo para suscitar lo peor de los anacronismos. Con los efectos malignos de una isoca contra las costumbres políticas que exigen la controversia, la lucha social y popular, pero que deben excluir los abusos del poder, de todo el poder que tiene el presidente bonapartista.
El ataque a la Corte Suprema, y por esa vía a la justicia, hablando de complots y conspiraciones, además de exhibir una conducta errática por parte del señor presidente, tiene la finalidad de dar un manotazo a la institución que adelanta el proceso contra la parapolítica, tejiendo una asombrosa trama criminal que envidiaría como tema literario el gran novelista del humor y el crimen Rubem Fonseca. Si la Corte está tejiendo un complot y el magistrado Velásquez es el director de orquesta del macabro plan contra el presidente ¿en qué queda lo actuado contra la élite de la narcopolítica?
El señor presidente se tomó literalmente las cadenas radiales y televisivas durante días enteros para el linchamiento, ante la masa complaciente, de Guillén y Coronell y con ellos del periodismo independiente que sobrevive. Al igual que contra los magistrados y jueces. Bochornosa y preocupante actuación que linda los terrenos de la perfidia humana. Las Constitución y las leyes han sido convertidas en papel de desperdicio con este ataque a la libertad de prensa y a la justicia.
Por parte del Ministro de Defensa –la decencia como virtud debería ser suficiente para su renuncia irrevocable o su destitución fulminante– está utilizando el alto poder armado para hacer campaña política a favor del partido que manipula a su antojo. Autorizó, y todavía justifica con cantinflescas opiniones la legalidad del espionaje telefónico. Montó una operación mediática contra el presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, acusándolo calumniosamente de atentar contra la democracia en un diario inglés. Y no es la primera vez que el señor Santos acude a la calumnia contra gentes decentes. Ahora orquesta una nueva conspiración contra el presidente Hugo Chávez –¿con el golpista Carmona a la sombra?–, extendida a Piedad Córdoba, quienes a petición del señor presidente están dedicados a buscar con porfía el acuerdo humanitario.
Este gobierno y el ministro licencioso dan pábulo al desprecio por la vida de las víctimas secuestradas por las FARC. Si el acuerdo humanitario se hubiese realizado hace tres años, el señor presidente no estaría con una derrota política a cuestas, inflingida por las FARC, que se han convertido por la terquedad del mandatario en una fuerza con estatus internacional.
El cuadro se completa con un panorama electoral que se desenvuelve en condiciones desfavorables para el voto libre. El paramilitarismo, la para-política y el gobierno oficializando candidaturas son protuberantes en la destorcida política y en el fraude a las conciencias ciudadanas. Un caudal incontrolable e incontrolado de dineros millonarios apuntala candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, especialmente de los partidos de la coalición de gobierno.
La indiferencia del señor presidente y la ira santa de los Ministros de Gobierno y de Defensa por el reciente informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, en que se denuncia y alerta sobre la grave situación, sugiere una patente de corso para que los para-políticos sigan en sus andanzas. 567 municipios, más de la mitad de la organización territorial, están en riesgo manifiesto. Todo ello sobre el telón de fondo de los 17.476 homicidios del año pasado y 30 asesinatos políticos en el último mes.
La guerrilla de las FARC acciona igualmente para interferir la voluntad ciudadana en sus zonas de influencia, que aunque disminuidas son parte importante de la soberanía territorial amputada.
Estas elecciones se desarrollan sin cifras poblacionales creíbles. El fracaso del reciente censo, una estafa a la opinión, a la verdad y al erario público, agrava la situación.

*Profesor de las Universidades Nacional y Externado de Colombia.

Correcciones a la Izquierda

Opinión de Mario Quadros*
Especial para Un Pasquín

Había una época en que la policía en Brasil era tan corrupta que algunos policías se confundían con los bandidos. Eso generaba una tremenda confusión en el mundo del crimen, hasta para los mismos antisociales. Un bandido, de esos con estilo, auténtico y, porque no decir, inteligente, intentando organizar el caos, dijo una frase que se volvió famosa en Brasil: policía es policía, bandido es bandido.
Recordé esa frase leyendo el artículo de la portada de la revista Semana [edición no. 1324], “¿Hacia una Nueva Izquierda?”, que plantea la creación de una nueva agrupación política más moderna y moderada producto de la mezcla de una tendencia del Polo y políticos de otros partidos o sin partido. Aquí cabe como anillo al dedo la frase: izquierda es izquierda, derecha es derecha.
El hecho de que algunos miembros visibles del Polo hayan apoyado a María Emma como posible candidata a la Alcaldía de Bogotá es señal de la confusión y posible oportunismo de algunos para llegar al poder. Sin embargo, esto tendrá costos más adelante. Candidatos que han pasado por diferentes corrientes y partidos políticos a lo largo de su carrera no son necesariamente los mejores representantes de una izquierda que quiere fortalecerse en el ejercicio democrático y convertirse en una opción real para los colombianos.
Como ilustración y haciendo un paralelo con el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula en Brasil, se puede decir que el PT nunca adoptó estas artimañas o esta clase de atajos para llegar al poder. Al principio acumuló muchas derrotas, pero con sus cuadros. En las últimas elecciones, el miembro del partido elegido para el cargo de mayor importancia después de Lula, fue Jaques Wagner, gobernador del Estado de Bahía, ex líder sindical, con tradición en el partido. El PT es hoy el segundo partido en el Congreso.
En los medios se mencionan otras figuras políticas como posibles miembros de esa nueva ‘izquierda’. Son personajes valiosos y reconocidos, que se han distinguido como alcaldes o senadores. Lo que me pregunto es qué tanto están identificados con la izquierda política, aquella que existe en el mundo y que en Colombia pareciera ser la combinación del oportunismo y la confusión.
Esta evolución hace parte de los llamados políticos modernos, de personalidad política gris y difícil de identificar. En realidad, diría que son políticos con gran carisma, con estilo gerencial y muy de derecha, que se esconden en un discurso social de corte izquierdista para conquistar su meta: el poder. Y en algunos existe el elemento adicional de conservar al establecimiento antioqueño en el poder. Posiblemente son hasta miembros de la YPO (Young Presidents Organization/ Organización de Presidentes Jóvenes) que está tan de moda y son, como diría Héctor Abad, una expresión de la pequeña burguesía victoriosa.
El artículo de Semana resalta cómo estos políticos se sentirían a sus anchas en una izquierda glamorosa, una izquierda in, y menciona los nombres de reconocidas figuras de todas las tendencias políticas, incluso algunas abiertamente conservadoras. Al leer sorprende que hasta uribistas pudieran estar interesados en inscribirse en ese nuevo partido.
No sé si reír o llorar. Seamos serios. Esto es política y no farándula. El Polo Democrático debería poner en sus postulados esta frase: izquierda es izquierda, derecha es derecha, al estilo de policía es policía, bandido es bandido.

*Ingeniero industrial; estudiante de Ciencias Políticas.

Son vísperas de elecciones

Opinión de Juan Manuel López Caballero*
Especial para Un Pasquín

Estas elecciones tienen además de la dimensión regional una significación nacional. Se define o concreta la suerte de los partidos políticos como tales.
No la de los del Uribismo, puesto que tienen su situación clara. Unos nacidos al amparo de Uribe desparecieron por sustracción de materia; no porque ya no esté Uribe –puesto que él por el contrario parece eternizarse–, sino porque sus miembros pasaron a hacer quórum ante la Administración de Justicia; es el caso de Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, o Colombia Democrática. Otros, Cambio Radical y el Partido Conservador, existían desde antes y seguirán siendo lo mismo: el partido de Vargas Lleras y una minoría que defiende u ocupa una cuota burocrática de esa colectividad histórica, respectivamente. Y la incógnita de la ‘U’ parece ser más la de quién ocupará el corazón de Uribe que la de qué quedará como partido.
Por lo tanto lo que está en juego es cómo y alrededor de qué partido se organizará la izquierda democrática para impulsar su ideología y cual será en cuanto a acción política el que encarne la oposición y la alternativa al gobierno Uribe.
Para que el Polo se consolide como verdadero partido falta que lo confirme, no solo en los resultados de las urnas, sino internamente, mostrándose capaz de superar los individualismos y las diferencias entre los grupos que le dieron origen. A su favor tiene que es la única agrupación que no desdibujó su imagen mediante toda clase de alianzas con toda clase de grupos, y que es la que más candidatos a todas las posiciones presenta.
En el Partido Liberal los resultados ayudarán a definir su propia identidad más que su ubicación en el panorama nacional. En su seno existe una gran división: de un lado la Dirección Nacional con la propuesta explícita de ‘mover el partido hacia el centro’, de abrir las puertas a un acercamiento al Uribismo, de un respaldo a la continuidad de políticas neoliberales y la perspectiva de una eventual candidatura de César Gaviria o de algún seguidor de esa línea; de otro lado, quienes reivindican la condición histórica de ‘Partido de matices de Izquierda’, que defienden su condición de alineado a la Social Democracia, que con la noción de que su colectividad se basa en principios, objetivos y estatutos se oponen al ‘pragmatismo’ y a la sustitución de un orden institucional por las habilidades o capacidades personales de un líder (ya sea en lo interno o a nivel nacional).
Sin propuestas propias, desdibujado en adhesiones a candidaturas de otros partidos y en coaliciones con quienes representan posiciones contrarias, y con aspiraciones con candidatos propios a menos de la mitad de los cargos que tradicionalmente ha tenido, el Partido Liberal solo podrá aspirar a asumir esa función y recuperar su liderazgo si las disputas internas revientan al Polo y si ante un eventual pero anunciado fracaso de la política de la Dirección oficial se producen las renuncias correspondientes.
Lo más probable es que se produzca algún nuevo movimiento o fusión entre el rojo de la social democracia y el amarillo, que en el oriente del país fue el color del Partido Liberal en las épocas de las guerras de mediados del siglo XIX.

*Economista e investigador.

Si no fuera por eso

Opinión de Iván Marulanda*
Especial para Un Pasquín

Un país es de los nacionales cuando lo manejan instituciones que los ciudadanos han convenido darse para que los gobiernen y cuando esas instituciones están en cabeza de personas escogidas a partir de elecciones limpias. Ese no es el caso de Colombia.
Aquí lo que se supone que es de todos, lo que llamamos país, lo manejan como les da la gana y para sus propios fines, mafias organizadas que imponen su poder y su ley a punta de bala y billete. De Colombia se adueñaron hampones, de las puertas de la Corte Suprema de Justicia para afuera. Puertas adentro de la Corte, no. Por eso Colombia no tiene todavía nombre de finca. Ni lo tendrá, mientras no logren incendiar otra vez el Palacio de Justicia con todo y magistrados adentro.
Las elecciones en Colombia, a partir de las cuales se deriva la institucionalidad, son un chiste. Las organizaciones criminales inundan el ambiente de propaganda y llevan a los votantes arreados a las urnas. Al que se alza, lo matan. De remate, hacen trampa en los escrutinios. Todo al tiempo. Compra de votos, sicarios y fraude.
Créanme. A las llamadas “instituciones” se las tomaron mafias. A partir de elecciones espurias gobiernan, legislan, patrullan y matan. Y como si fuera poco, mantienen activas sus fortalezas en la clandestinidad, para lo que les haga falta. Lo que les es útil del lado de la ley, lo usufructúan. De ahí en adelante, imponen su propia ley. Legislan y gobiernan para sus intereses desde el estado, y arrebatan, asesinan y expolian desde el submundo del hampa.
Perdónenme si les molesta. Esas son las instituciones colombianas. Una Corte Suprema de Justicia atrincherada en su ley, asediada por delincuentes con poder político y letal que no encuentran cómo acallarla. Un presidente de la república descompuesto, vociferante, que le echa piedra y la hostiga en su desesperación de ver desfilar amigos y parientes camino de la cárcel y de sentir lo que le sube pierna arriba en el proceso de la parapolítica. Proceso que adelanta la Corte para dirimir la legitimidad del poder en Colombia, desentrañar la estirpe de las instituciones que nos rigen y limpiar de bazofia la sociedad colombiana.
En la pequeña escala local es en donde mejor se aprecia la condición espuria de las instituciones colombianas y la mentira de la soberanía popular en este país. Rueda más dinero en las campañas de alcaldías y gobernaciones, que en las presidenciales. Y hay más muertos y más trampa.
Qué ocurre. Las mafias copan en las elecciones, metro a metro, el territorio nacional. Van con todo por el poder político territorial que les garantiza impunidad para sus negocios criminales, en particular el narcotráfico, y además les franquea el acceso al botín de las tesorerías departamentales y municipales. Transferencias, impuestos, regalías, bienes públicos. Millones de pesos están ahí, servidos en bandeja para que organizaciones de asesinos los rapen de un manotazo en elecciones locales en las que arrasan a sangre y fuego. De la mano de políticos corruptos que les hacen el juego para llenarse también los bolsillos y de sobremesa ganarse el pase para una curul de congresista.
Los partidos políticos no existen en Colombia. Los suplantaron las mafias. Ni siquiera la política existe. El poder no se disputa con ideas ni con ideales. No hay competencia, luego no hay democracia. Hay imposición, arbitrariedad. El país está ocupado por fuerzas criminales. Los llamados “partidos”, son disfraces que se ponen los delincuentes para entrar a los palacios de gobierno y de las leyes, en donde se celebran las bacanales.
Que los magistrados les estén aguando la fiesta, es otra cosa. Es verdad, los sacan como perros de las orgías y los mandan a los calabozos. Si no fuera por eso, en Colombia no habría esperanza. Por los magistrados hay esperanza, y por unos valientes que se juegan el pellejo para libertar a sus paisanos de la esclavitud del crimen organizado. Como en Santander, para citar un ejemplo.

*Ex Constituyente.

¿Con la CPI o con el Tío Sam?

La anunciada discusión sobre el levantamiento de la reserva que mantiene Colombia frente a la Corte Penal Internacional (CPI) fue un hábil golpe de propaganda de Uribe para quedar bien con el Fiscal de la CPI y los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitaban el país [y aprovechar la ocasión para desviar la agenda informativa; nada nuevo].
Por una parte, como ya lo han dicho varios medios, esa salvedad –que Uribe pretende mostrar ahora como si se hubiera hecho a sus espaldas– se firmó con su consentimiento pocos días antes de que él asumiera la Presidencia por primera vez. Por eso es absurdo que Uribe salga con su cara de palo a preguntar: “¿Qué razón tiene esa reserva?” ¿Por qué no se preguntó eso mismo en 2002? Peor aún: ¿por qué no planteó el debate hace 2 o 4 años y no ahora, cuando la misma reserva está a punto de expirar?


Hay que ver que mientras se efectúa el debate y se hacen las consultas con otros entes estatales [léase Cancillería, ministerios del Interior y de Defensa, Fuerzas Militares, Fiscalía, Cortes, etcétera] vamos a llegar prácticamente al año 2009, fecha en la cual de todas maneras la CPI podrá actuar plenamente contra quienes cometan crímenes de guerra en Colombia.
Otra parte de la discusión de la cual no se ha hablado es sobre el efecto que la plena jurisdicción de la CPI en Colombia podría tener en las relaciones con Estados Unidos, país que no sólo no suscribió el Estatuto de Roma, que le dio vida a la CPI, sino que ha tratado por todos los medios de torpedear a ésta. Además el Tío Sam se reserva el derecho de cancelar la ayuda militar a los países que suscriban ese tratado de adhesión a la CPI, tal como se establece en la American Servicemember’s Protection Act, que no es otra cosa que una ley de EE.UU. para pasarse por la faja a la justicia internacional. Aunque, según decía en septiembre de 2002 Fernando Cepeda Ulloa, “EE.UU. solicitó a Colombia suscribir un acuerdo que garantice la inmunidad de sus ciudadanos por actos cometidos en territorio colombiano”, sería bueno saber si eso se firmó y en qué términos; y por consiguiente, cómo quedaría la situación frente a la CPI y frente a la Casa Blanca, a la cual no le debe hacer mucha gracia el tema.
Si Colombia le ‘cumple’ a EE.UU. se confirma que todo lo que Uribe ha dicho últimamente queda en simple retórica y seguiremos viendo funcionarios americanos traficando droga en valija diplomática; soldados gringos cometiendo atropellos en nuestras calles contra los colombianos; y ejecutivos de multinacionales estadounidenses financiando en nuestro país escuadrones de la muerte. Todos ellos amparados por la impunidad que les garantiza el gobierno colombiano, a pesar del supuesto apego de Uribe a la ley y del respeto que siente por la CPI. —Vladdo

¡Ups! La U.P….

Opinión de Guilario*
Especial para Un Pasquín

En este país donde olvidamos tanto, algunas cosas nos las olvidan a propósito. En nuestra historia política quizás el olvido más trágico y vergonzoso es el de más de 3,000 asesinatos de militantes de la Unión Patriótica.
La historia oficial ha consignado esta barbaridad como una consecuencia casi ineludible de la influencia del narcotráfico en la política de la época y de la decisión de las FARC de utilizar al partido como frente en su estrategia de “combinar todas las formas de lucha”. Bajo esta manta, el estado y la sociedad en general se han librado de cualquier responsabilidad en la muerte de los miembros de la U.P. pero más grave aun, con ese análisis facilista y superficial, han descartado la tragedia de la U.P. cómo un incidente marginal en la historia de nuestro país. En mi generación, una generación que no presenció el surgimiento y posterior aniquilamiento de la U.P. son contados los que saben qué fue y por ende aún menos los que entienden la relevancia de sus muertes en la actualidad nacional.
Para aquellos que no conocen la historia, la Unión Patriótica fue un partido político que surgió de los diálogos de paz de Belisario Betancourt con las FARC a mediados de los 80s. La U.P. pretendía ser el primer paso en la transición de las FARC hacia la participación política sin armas, pero también una alternativa política de oposición a los dos partidos tradicionales. Además de guerrilleros muchas personas que creían en un proyecto político de izquierda sin necesidad de llegar al poder por la vía armada se unieron al partido que inicialmente tuvo un éxito electoral significativo eligiendo congresistas, alcaldes, diputados y concejales. Sin embargo pronto empezó el aniquilamiento de todas sus estructuras, desde seguidores comunes y corrientes hasta sus candidatos presidenciales.
Muchos críticos de la U.P. aseguran que el partido era una fachada legal de las FARC para que representantes democráticamente elegidos pudieran defender los intereses de la organización guerrillera desde las instituciones. Alegan que políticos de la U.P cooperaban con los secuestros de las FARC y que seguían delinquiendo desde la legalidad. No existe la evidencia para asegurar que algún miembro de la U.P. les ayudaba a las FARC desde la legalidad pero en los mismos acuerdos del gobierno con la guerrilla en marzo de 1986 era entendido que la guerrilla iba a tener al menos temporalmente un brazo armado y uno político. Eso no justifica la participación en delitos de miembros de la U.P. si los hubo pero aclara que siempre fue evidente que iba a haber un vínculo entre las dos organizaciones y que ese vínculo no excusa el homicidio a sangre fría de miles de seguidores de la U.P. Pero el argumento de que la utilización de la combinación de las formas de lucha de las FARC explica y en cierta forma justifica la muerte de todas estas personas suena particularmente hueco e incoherente cuando estamos en una época en que no cabe la menor duda sobre el vínculo entre políticos de todos los niveles y las organizaciones paramilitares.
¿Por qué la combinación de todas las formas de lucha, jurídicamente comprobada, de los paramilitares no resulta igual de repudiable a una supuesta cooperación entre la U.P. y las FARC? ¿O es que estamos dispuestos a condenar a un exterminio como el de la U.P. a todos los simpatizantes y políticos del Partido de la U, de Convergencia Democrática y de todos los otros partidos de los para-políticos?
Nadie está diciendo que todos los miembros de la U.P. fueran ángeles, pero lo que si es evidente es que muchas personas que creían en una Colombia diferente, abierta, democrática y justa vieron en la U.P. un espacio para construir un mejor país y que pagaron esa esperanza con su vida. Cuando uno escucha las grabaciones de discursos de Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial de la U.P. asesinado en 1990, no ve el resentimiento ni el odio de alguien que quiere hacer la guerra; ve el idealismo y la pasión de alguien que quiere vivir en un país en paz. Los jóvenes y los colombianos del mañana tienen derecho a conocer la vida y obra de los líderes de la U.P. tanto como el de tantos otros políticos que han sido acallados a fuego en nuestro país.
El estado además de un sincero acto de contrición sobre su papel en el aniquilamiento de la U.P. debería motivar el recuerdo de estas personas que creyeron que la democracia era el camino. Ese recuerdo además de hacerle justicia a las víctimas también ayudaría a entender la transformación de las FARC antes de la U.P. a las FARC mucho más crueles y aisladas después de la U.P. y ojalá a abrir así algunas puertas para la paz.
El principal requisito para lograr la paz en Colombia es entender a las partes en conflicto y descartar en el olvido el aniquilamiento de la U.P. nos condena a una ignorancia que es posible que no nos deje salir de la guerra jamás.

P.S: Un pequeño pero significativo paso para recordar a la U.P. ha sido la transmisión por televisión del documental ‘El Baile Rojo’. Los que quieran conocer más al respecto lo pueden ver en YouTube.

El tonito del Presidente

Opinión de Jorge Gómez Pinilla
Especial para Un Pasquín

Ante lo que el presidente Álvaro Uribe dijo de su vicepresidente, es imposible dejar de recordar el refrán según el cual “después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga”. El hombre sin duda se quiso sacar algún clavo cuando salido de casillas dijo que Francisco Santos le pidió el puesto que tenía reservado para Juan Lozano, de modo que en medio del acaloramiento no acudió a la prudencia que tanto pregona y menos recordó las tres cosas que según el sabio Omar Khayam nunca se devuelven: “la palabra dicha”. Las otras dos son la saeta lanzada, la oportunidad perdida.
Al cierre de esta nota habían pasado más de dos semanas de semejante metida de patas presidencial, y otras tantas de “retiro espiritual” vicepresidencial, más diciente en la medida en que proviene de la boca (cerrada) del locuaz ‘Pacho’ Santos. El Presidente quiso bajarle el tono al pleito al afirmar que no entiende “por qué las tergiversaciones”, pero el daño en sus relaciones ya está hecho, y las consecuencias son irreversibles.
Basta preguntarse no más qué pasará por la mente de uno y otro cuando por motivos de protocolo se encuentren o se crucen el Vicepresidente de Colombia y el ministro del Medio Ambiente, o qué pensarán los periodistas si al evento se suma la presencia física cercana del Señor Presidente de la República, para componer el triángulo perfecto.
En busca del hilo de Ariadna que conduzca al origen de lo que el analista Pedro Medellín llamó “una especie de traición” (El Tiempo, octubre 12), serviría de referencia el descarado guiño que durante un acto público en Cartagena y con aires de serenata tropical le hiciera el Presidente a su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, a quien invitó a “pensar en el 2010” porque hay que “escoger colombianos con mano firme”. Con tan enfática declaración Uribe no sólo indicaba sin ambages dónde ponía sus complacencias, sino que de paso cerraba puertas a la fila de aspirantes al solio que el Vice se creía llamado a encabezar, pero a quien su propio compañero de fórmula desairaba porque quizá no tiene la mano –firme- como a él le gusta.
Ello explicaría entonces que unos días después, allá por la Guajira arriba, Francisco Santos dijera con emocionado acento que “si este vicepresidente se convierte en presidente (…), Villanueva no se merece Transmilenio, sino un metro”. No se requiere de sesudo análisis para percibir que el autor de este estribillo estaría dispuesto a apartarse de la línea oficial, si con ello contribuyera a la meta  de reemplazar un día a su jefe inmediato.
Y al Presidente, al parecer, no le gusta que le hablen en ese tonito.

Un país de opereta trágica

Opinión de Carlos J. Villar Borda*
Especial para Un Pasquín

Dice la sabiduría popular que siempre hay una primera vez para todo y lo que está ocurriendo en Colombia parece confirmarlo porque hemos llegado a una cota de bajeza jamás vista en el pasado. Fernando Quiroz escribió para su columna en la revista Cambio la siguiente frase: “Tal vez estemos condenados a seguir cavando en nuestra propia dignidad para caer aún más bajo “. La pregunta pertinente sería: ¿es posible caer más bajo?
 Cuando se lee la poca prensa que nos queda y se ven y escuchan los pocos telediarios, cualquier cerebro se estremece al enterarse del lenguaje de arriero que utiliza nuestro Iluminado presidente Álvaro Uribe Vélez (ningún parentesco con don Manuel Marulanda Vélez). Parecería que el mandatario no se diera cuenta de que dicho estilo produce como reacción un resultado que él mismo no podía esperar. Léase, por ejemplo, el artículo de opinión redactado para la revista Cambio por Héctor Rincón, un periodista bien hormonado y testiculado, como diría el nefasto Turbay Ayala. Para analizar la situación nacional, Rincón utiliza la misma palabrería.
La corrupción en todas las instancias del Estado, la desviación de las Fuerzas Armadas de las tareas que le asigna la Constitución (Jamundí, falsos o verídicos positivos), la desaparición de los partidos políticos tradicionales y la aparición de una resma de agrupaciones personalistas y clientelistas ( y la mayoría de ellas uribistas), la persecución a la prensa (Gonzalo Guillén), el drama de cerca de cinco millones de colombianos desplazados a tiempo que se crea una política benévola y bien recompensada para favorecer a los llamados paramilitares, las eleeciones que se convierten en farsa sin consecuencias punitivas; todas estas cosas son apenas anécdotas frente al derrumbamiento del Estado de Derecho para abrir paso a una especie de poderoso sultanato musulmán.
Dentro de este panorama lo que se observa es que la única palabra es la que pronuncia el Sultán, porque ni siquiera sus visires (Juan Manuel) pueden adivinar cómo funciona el cerebro de su jefe. Ante esta situación, los colombianos estamos atenidos a que solo ocurra lo que el Sultán desea y que la única voz con valor en el país sea la del mismo Sultán.
Todo lo anterior, sin embargo, es baladí si lo comparamos con el costo que produce el derrumbe de las instituciones. Ya Iván Marulanda había escrito que la peor herencia que iba a dejar Uribe sería el desarreglo en que iban a quedar las instituciones, que tardaron casi 200 años en alcanzar una etapa de relativa perfección (nunca la democracia ha sido perfecta en ninguna parte del mundo, incluyendo a Grecia desde su formulación inicial). Pero, todavía peor  es la forma en que se lanzan las famosas cortinas de humo y se desvía la atención popular con mentiras de bulto y promesas que nunca se cumplirán, lo cual se refleja en el manejo que se da a las encuestas de opinón.
Nuestro Sultán ha deslegitimado al poder jucicial, pidiendo una reforma a la competencia de la Corte Suprema, cuya cabeza quisiera cortar de tajo con su cimitarra. En cuanto al poder legislativo, tiene sus adláteres que han acabado con la sustancia que debe tener el parlamento, según la división de poderes formulada desde el siglo XV por Montesquieu.
¿Resignación es lo único que nos queda? Negativo. Mientras haya una pequeña luz (siempre la hay) y mientras haya personas que traten de enmendar el perjuicio causado por los actos del Sultán, siempre habrá esperanza. Es imperativo salir de esta opereta trágica en que nos tiene la voluntad de un Sultán de pueblo pobre y atrasado, pueblo que tolera mansamente las iniquidades con que se están manchando los escritorios del Palacio de Nariño.

*Periodista.

Democracia en cuidados intensivos

Opinión de Cecilia López Montaño*
Especial para Un Pasquín

La democracia colombiana está en cuidados intensivos y el país parece no reconocer esta serísima situación. Varios hechos graves sustentan esta afirmación; dos ex presidentes de la República llamados a hacer declaraciones ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; 40 miembros del Congreso de Colombia involucrados seriamente con el paramilitarismo; un primo del señor presidente Uribe, su coequipero en las lides políticas, renuncia al Senado para enfrentar serias denuncias de vínculos con los paramilitares; un gobierno que tiene que dar permanentes explicaciones por supuestas relaciones tanto con narcos como con paras. Y como si esto no fuera suficiente, el anuncio de que las próximas elecciones serán las más corruptas de la historia reciente.
Han vuelto a revivir el drama del Palacio de Justicia que se creía superado y casi al mismo tiempo el proceso 8.000, que involucra inclusive a actores importantes de las próximas elecciones. La primera lección que se desprende de esta penosa situación, de la cual ojalá salgan bien librados los ex presidentes y otros personajes señalados, debe hacer reflexionar seriamente al país. La conclusión obvia de la encrucijada actual es la siguiente: cuando un proceso no se termina bien, vuelve y surge inevitablemente, agregándole inestabilidad a un país lleno de problemas no resueltos. La confusión que existe sobre el manejo del proceso con los paramilitares puede llegar, en un futuro no muy lejano, a la misma situación registrada en las últimas décadas y en medio del mundo global, terminar con una clara intervención de la Justicia Internacional. ¿Ha pensado el país en esta posibilidad que llenaría de vergüenza a Colombia?
En medio de este difícil panorama, se vislumbran horrores en las elecciones que se avecinan. Todos los malos ingredientes se están dando de manera simultánea: clara intervención del Gobierno en la política que, en medio de la obsesión con el uribismo, se ignora olímpicamente. La familia del señor presidente actuando de frente en campañas de alcaldes de las principales ciudades, Bogotá y Medellín, para ser precisos; Familias en acción, la política estrella del gobierno que reparte subsidios, utilizada como incentivo para apoyar a uno u otro candidato; la clara injerencia de los para-políticos recluidos en la cárcel en distintas campañas regionales. Y lo peor de todo, la compra de conciencias y votos de manera descarada. Hasta la ANDI ha denunciado el costo absurdo de campañas para concejales en distintas ciudades del país. La noticia más dramática es la que trae El Tiempo: Bogotá, que era la esperanza del voto de opinión, de formación política, está siendo capturada por la compra de votos.
De qué democracia se puede hablar en Colombia. El voto, el sagrado derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus dirigentes, se volvió un negocio de grandes proporciones para beneficiar a unos inescrupulosos que reciben el apoyo de amplios sectores del país. Las instituciones insignes de la democracia están siendo cuestionadas y solo se erige como esperanza la Corte Suprema de Justicia, que ha demostrado una gran independencia en medio de tanta complacencia. Pero lo más importante es identificar dónde está el problema. Para empezar, es necesario reconocer que la democracia colombiana está en cuidados intensivos no solo por el gobierno de turno, lo cual sin duda ayuda, sino por el comportamiento del país que perdió sus verdaderos valores. Allí debe empezar este impostergable debate para poder encauzar el país hacia un futuro promisorio y no vergonzoso. El reconocimiento de esta profunda crisis social y política por parte de todos y cada uno de los colombianos es el primer paso para iniciar un proceso de recuperación de la democracia del país. Todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución.

*Senadora de la República.

Boogie, el Aceitoso