lunes, 20 de agosto de 2007

¿Abogado de los paras?

Opinión de Enrique Parejo González* | Especial para Un Pasquín

El Presidente Uribe ha abandonado su condición de Jefe del Estado colombiano para convertirse en defensor de los paramilitares. Pero pretende engañar a la opinión pública alegando que sólo busca defender los supremos intereses de la paz. Es imposible ser tan ingenuo como para aceptar dicho argumento.

Desde los comienzos de su gobierno, se hizo evidente el propósito del presidente Uribe de ayudarles a los paras a desmovilizarse sin que tuvieran que pagar una pena privativa de la libertad por sus horrendas masacres. Ese propósito es pieza fundamental de la estrategia convenida por él con los jefes paramilitares.

En realidad, ambas partes buscan un objetivo que va más allá del logro de la paz. Los paras, en primer lugar, quieren conservar las inmensas propiedades de las que despojaron a sus indefensas víctimas; en segundo lugar, pretenden no pagar por ello, ni por haberlas torturado y masacrado, un solo día de cárcel; y, finalmente, aspiran a dedicarse a la actividad política, como cualquier ciudadano honesto, con el apoyo del presidente Uribe.

Éste, a su vez, quiere quedarse en el poder por mucho tiempo, para defender las condiciones pactadas con los paras que, a su vez, secundan el proyecto político de Uribe.

En cuanto al primero de los objetivos, el Gobierno de Uribe y los paras confían en el fracaso de las investigaciones que la Fiscalía les sigue a los paramilitares, para que no se esclarezwca lo relativo a la propiedad de los bienes arrebatados a las víctimas, a fin de que ellos puedan conservarlos, a través de sus numerosos testaferros.

El segundo objetivo se frustró cuando gobierno y paras se dieron cuenta de que era necesario que aceptaran participar en la comedia de una fementida justicia, que les impusiera a éstos una pena mínima, para impedir que la Corte Penal Internacional interviniera en los procesos penales y, a través de una justicia verdadera, sancionara sus atroces crímenes con penas proporcionadas a su gravedad.

El tercer objetivo se comenzó a ejecutar cuando el presidente les permitió a los cabecillas de los paramilitares concurrir al Senado de la República, en un acto de b ochornosa afrenta a la democracia, para que desde allí trataran de confundir a la opinión pública con unas proclamas que buscaban encubrir la perversidad de sus acciones criminales.

El tramposo proyecto del presidente Uribe y los paras comenzó a torcerse cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que, dentro del designio del presidente de favorecerlos, absurdamente calificó como sedición los actos atroces de aquellos.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, en un caso concreto, negó el carácter de sedicioso a un paramilitar. Esa decisión se halla acorde con la jurisprudencia de muchos años de los tribunales colombianos, según la cual sólo puede ser considerado sedicioso quien actúa con el ánimo de perturbar el normal funcionamiento de las instituciones.

El presidente abriga un designio que es imposible no calificar de monstruoso. Se ha puesto del lado de los criminales y en contra de la Corte Suprema de Justicia, en la interpretación de la ley penal, y pretende que esta Alta Corporación modifique su reiterada jurisprudencia para favorecer, como él lo ha hecho, a los paramilitares.

¡La Corte Suprema de Justicia, que ha sido un baluarte en la lucha contra el delito y en la defensa de la Constitución y la ley, no puede claudicar y arrodillarse ante los criminales y mucho menos ante quien, desde la más alta posición del Estado, en un acto de prevaricato, pretende poner a la Justicia al servicio de aquellos!

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*Ex ministro de Justicia.

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