jueves, 5 de julio de 2007

El reversazo del año

Nuevos y viejos vicios políticos hundieron la ley que otorgaba derechos a parejas del mismo sexo.

Análisis
Programa Congreso Visible*
Especial para Un Pasquín

“Para ser un tema tan polémico y espinoso como lo son los derechos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) en Colombia, las bancadas funcionaron bastante bien; al fin y al cabo tan solo 16 de los 102 senadores –15.6%– se apartaron de la decisión mayoritaria de sus respectivos partidos”. Hace ocho meses, estas optimistas palabras sirvieron para reseñar el resultado del segundo debate del proyecto de ley que busca reconocer los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo.
Sin embargo, del optimismo inicial y de la relativa disciplina partidista observada a lo largo de su trámite no quedó mucho: la iniciativa, a pesar de haber sido aprobada en los cuatro debates reglamentarios en el Congreso, se hundió el pasado martes 19 de junio durante la sesión plenaria del Senado convocada para conciliar el texto del proyecto. El procedimiento y posterior decisión de archivarla, aunque legales, no dejan de producir escozor.
“Artimaña de última hora”, “recoveco judicial” y “traición”, fueron algunos de los calificativos que usaron los partidarios del proyecto para explicar tan nefasta decisión. Pero más allá de las suspicacias que se puedan generar, el interrogante a responder, y que debe estar rondando la cabeza de muchos ciudadanos en Colombia y en la comunidad internacional, es cómo un proyecto puede a último momento recibir 34 votos en contra y 29 a favor, después de haber alcanzado 49 y 62 votos de apoyo en su segundo y tercer debate, respectivamente, y de recibir el apoyo público de la bancada del Liberalismo, el Polo Democrático y el Partido de la U, que juntos suman 48 senadores.
Una primera respuesta se puede encontrar en el ausentismo parlamentario y que en la sesión de ese martes 19 puso en riesgo el quórum para el debate de este proyecto de ley. El hecho de que un alto número de los parlamentarios ausentistas fueran del PDA y, en menor medida, del Liberalismo –ambos impulsores de la iniciativa– fue definitivo para que la propuesta en beneficio de las cerca de 300 mil parejas homosexuales que se calcula existen en Colombia no alcanzara las mayorías necesarias, logradas anteriormente.
Un factor aun más grave fue la inoperancia de la Ley de Bancadas, como lo denunciaron parlamentarios de todas las tendencias políticas. Por lo menos seis miembros del Partido de la U (José David Name, Luis Élmer Arenas, Adriana Gutiérrez, Jorge Visbal, Jairo Clopatofsky y Juan Carlos Vélez) votaron negativamente, desatendiendo la decisión interna de la bancada de apoyarlo. Incluso el PDA –que manejó como caballito de batalla en la campaña electoral de 2006 el apoyo a proyectos de ley de esta naturaleza– no pudo evitar que el senador Jesús Bernal votara negativamente. Claro que, en su defensa, Bernal a lo largo del trámite del proyecto votó sistemáticamente en contra, algo que no pueden decir senadores como Mario Uribe (Colombia Democrática) y José David Name (Partido de la U), entre otros, quienes en el segundo debate se habían distinguido como abanderados del proyecto.
Resulta impugnable y preocupante que la colectividad más grande en el Senado no tenga una posición clara y coherente frente a temas tan relevantes como el de los derechos LGBT. Es inconcebible que un partido que se autodefine como moderno no pueda asegurarles a sus electores una posición ideológica congruente.
No se puede dejar de reseñar la falta de coherencia de tres senadores más, finalmente opositores de este proyecto de ley, pero que públicamente como candidatos [a través de la base de datos del programa Congreso Visible] aseguraron que de ser electos para el cuatrienio 2006-2010 apoyarían iniciativas sobre estas temáticas: Adriana Gutiérrez y Jorge Visbal, ambos del Partido de la U, y Óscar Darío Pérez, de Alas Equipo Colombia. Los tres incumplieron este compromiso de campaña. Conocer sus motivos y justificaciones se convertiría en un muy buen tema en un eventual ejercicio de rendición de cuentas.
Incoherencias e incumplimientos como los reseñados, le hacen mal a la ya deteriorada imagen del Congreso de la República, a la recién estrenada Ley de Bancadas y por ende al régimen democrático del país, al tiempo que niega los derechos mínimos a la población LGBT en Colombia, que, si de algunos sectores retardatarios del Congreso dependiera, deberían ser considerados como ciudadanos de segunda. Esta conducta no la puede pasar por alto la ciudadanía, deberá ser materia de seguimiento por parte de la Sociedad civil y deberá sopesarse cuando los partidos y parlamentarios involucrados se presenten a unas nuevas elecciones.

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*Depto. de Ciencia Política; Universidad de los Andes.

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