jueves, 5 de julio de 2007

Contra la amnesia selectiva

Aquí hablamos de La Violencia como si fuera prehistoria; y de las violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años como si se tratara de otro país.

Opinión de Jorge Arenas da Silva
Especial para Un Pasquín

Las movilizaciones ciudadanas que ha desatado el cobarde asesinato de los diputados de la Asamblea del Valle son un buen síntoma en medio de la apatía que ocasiona en Colombia la violencia recurrente. No obstante, es lamentable que se haya tenido que producir semejante barbarie por parte de las Farc para que el país en masa reaccionara contra la violencia. Es decir, estamos actuando cinco años y once muertos después de lo debido. Es probable que otra suerte hubieran corrido ellos y muchos otros secuestrados si el país hubiera salido antes a las calles a desafiar a las Farc por los atentados, los secuestros y el boleteo; o a los paramilitares por las masacres, los magnicidios o las desapariciones.
Razón le asiste a monseñor Luis Augusto Castro al decir que el asesinato de los diputados “pesa en la conciencia de los colombianos” [porque] “todos pudimos hacer mucho más para que regresaran vivos. La insistencia en un acuerdo humanitario no fue escuchada. Fuimos inferiores en este esfuerzo”.
En este caso, como en muchos otros, los colombianos resolvimos mirar para otro lado, o preferimos directamente acudir al olvido, en medio de tanta masacre, de tanto secuestro y de tanto muerto que sólo nos importa si es cercano a nosotros.
En vez de caer en esta amnesia selectiva otros pueblos, en cambio, han decidido reconstruir su historia para tener una memoria colectiva de su pasado. Alemania, por ejemplo, está permanentemente recordando su pasado. El cine, la literatura, la música, las ciencias sociales vuelven una y otra vez, desde distintas perspectivas, a reconstruir el relato colectivo de su propia historia.
En cambio los colombianos hemos decidido negarnos el derecho a la memoria colectiva. Hablamos de La Violencia no sólo como si fuera prehistoria, sino como si hubiera ocurrido en otra parte; y nos referimos a las masivas violaciones de derechos humanos de las últimas tres décadas como si se tratara de otro país. Escasas excepciones están representadas en algunas películas y series de televisión, que abordan el tema de la violencia, pero desde la perspectiva de los sicarios o los ‘traquetos’ del narcotráfico, pero por fuera del contexto de la violencia política que desde hace décadas azota al país.
A su vez, muchos de los más recientes éxitos editoriales nos proponen ahondar en lo bueno, pues en su criterio las reflexiones sobre la violencia sólo sirven para entorpecer el camino glorioso a un mejor futuro.
¡Qué gran equivocación!

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¿Saben los jóvenes colombianos –por no decir los oficinistas, los profesionales, las amas de casa o los banqueros– qué pasó en El Aro o en Mapiripán o en Trujillo, o en Honduras y La Negra? ¿Tienen idea de qué pasó en Bojayá o en Vigía del Fuerte? ¿Saben lo que han hecho los paramilitares que ahora gozan de un trato privilegiado por parte del gobierno, o lo que han sufrido los indígenas del Cauca o de la Sierra Nevada de Santa Marta por las bárbaras incursiones guerrilleras? No. No tienen la menor idea. Lloran amargamente con las historias de Ruanda contadas en el cine, pero no alcanzan a percatarse de lo que pasa en nuestro propio país. Así no vamos a llegar a ningún Pereira.
No es posible construir una sociedad fundada en el respeto por valores democráticos si negamos todo el tiempo nuestros propios horrores. Tampoco si los convertimos en alharaca de un día para luego olvidarlos por la noticia de un nuevo escándalo. Lo que debería existir es la decisión consensuada de reconstruir seriamente nuestra historia reciente y juzgarla con claros criterios éticos. Hay cosas que han estado mal y quienes las han hecho merecen una sanción ejemplar y sus víctimas una reparación integral. Esto debería quedar claro para todos, reflejarse en los libros de historia, en las artes y las letras y ser objeto de reflexión e investigación en la academia y en los medios. Pero nada de esto está ocurriendo.

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Mientras no reconozcamos colectivamente todos los hechos de barbarie que enlutan a nuestro país hace más de medio siglo y no sepamos distinguir con claridad y sin contemplaciones lo que está bien de lo que está mal, difícilmente vamos a salir de esta espiral de violencia en la que estamos inmersos. Y poco ayudan a este proceso las contemplaciones del gobierno con los paramilitares, los micos de los congresistas para evadir los juicios a los para–políticos, la decisión del Presidente de liberar sin contraprestación a criminales de las FARC, los eufemismos de José Obdulio Gaviria o los insultos de ex ministros de este Gobierno a las cortes internacionales e incluso a tribunales extranjeros como el que adelanta el pleito contra la Drummond en Estados Unidos.
Tampoco ayuda que el Alto Comisionado de Paz considere que los colombianos no somos capaces de aceptar nuestra propia historia; ni que la Fiscalía carezca de herramientas para investigar la verdad de los hechos narrados por paramilitares en sus versiones libres o encontrados en computadores y documentos fruto de la investigación criminal. No ayuda tampoco el hecho de que los medios (especialmente la televisión) nieguen su parte de responsabilidad y sigan convencidos de que la imagen poco negativa que los colombianos tienen de los paramilitares no tiene nada que ver con la forma como informan a la población. O que la academia no tenga centros de investigación dedicados a entender el fenómeno que vivimos y a proponer salidas inteligentes y sostenibles a esta crisis perpetua. Igualmente dañino resulta que los escasos académicos hasta hace poco dedicados a escudriñar estos fenómenos de violencia con cierta objetividad, resuelvan alinearse burocrática o electoralmente con el gobierno para reescribir esa historia reciente.
Sin embargo sí sirve el apoyo que han recibido la Fiscalía y los jueces regionales que tienen que enfrentar solitariamente a poderosos grupos delincuenciales, y el respaldo a la Corte Suprema de Justicia en sus valerosas investigaciones. Sirve respaldar y promover a la prensa valiente que investiga y denuncia. Sirve que existan investigaciones rigurosas que nos permitan entender un poco más seria y serenamente las circunstancias que vivimos. Y, sobre todo, sirve –o serviría– que dejáramos de justificar a los criminales y actuáramos decentemente. Es decir, que tomáramos las decisiones éticamente correctas y que actuáramos en consecuencia. Sólo de esta manera podremos responder con la cabeza en alto y con voz fuerte cuando nuestros hijos nos pregunten dónde estábamos nosotros cuando todo esto sucedía.

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Indudablemente, a partir de ahora –y una vez apaciguados estos momentos de efervescencia y calor– lo que se necesita es que ese buen síntoma mencionado al comienzo se traduzca en acciones permanentes en defensa de la vida y en manifestaciones regulares contra la violencia en todas sus formas, siguiendo el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo, de Argentina, que durante tres décadas [y ya transformadas en abuelas]no se cansan de clamar por que se haga justicia con los hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura.

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