martes, 12 de junio de 2007

¿Seguridad? ¿Democrática?


Opinión de Vladdo
Director de Un Pasquín

~ I ~
Quizás el aspecto que más valoran los furibistas de la gestión del presidente Álvaro Uribe en sus casi cinco años de gobierno es la supuesta seguridad que ahora se respira en el país y que se manifiesta en aspectos como la presencia de la Policía y el Ejército en la mayoría de las cabeceras municipales del país y el acorralamiento de las Farc, que se ha traducido en la casi total disminución de las tomas y destrucciones de pueblos por parte de la guerrilla.

Sin embargo, probablemente la medida que más popularidad le ha dado al Presidente Uribe es la posibilidad de viajar tranquilamente por carretera, cosa que difícilmente se podía hacer antes de 2002. Por diferentes razones, lo anterior no es del todo cierto. En primer lugar, no hay que olvidar que fue en el último tramo del gobierno Pastrana cuando se implementó la famosa campaña “Vive Colombia, viaja por ella”, tarea liderada por los ministros Eduardo Pizano, de Desarrollo Económico, y Gustavo Canal, de Transporte; y por el entonces comandante de las FF.MM., general Fernando Tapias.

Fue gracias al fortalecimiento del Ejército y las Fuerzas Armadas ocurrido en ese lapso que el recién posesionado presidente Uribe pudo ir el 8 de agosto de 2002 [doce horas después de asumir el cargo] a inaugurar la primera caravana turística por las carreteras del Cesar. Por lo tanto, aunque es verdad que Uribe ha mantenido y reforzado tal iniciativa, el origen de la misma no se le debe al actual gobierno, como alegremente lo pregonan los defensores a ultranza de la seguridad democrática.

Por otra parte, los alcances de la política de seguridad uribista, auqnue han sido muy útiles en las principales rutas turísticas y en las afueras de las grandes ciudades, no son tan eficaces en vastas zonas apartadas del país en las cuales, hoy por hoy, no es posible desplazarse si no es en medio de una caravana militar, donde los vehículos civiles quedan de sándwich. Pero, claro, como esto último ocurre es por allá en el Caquetá o en el Putumayo y no en la carretera Bogotá-Anapoima o Medellín-Ríonegro, a nadie le importa.

~II~
En el aspecto militar todavía quedan muchas incógnitas, empezando por la lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión, cuyo balance el país no conoce y al amparo de la cual muchos miembros de la Fuerza Pública incurren en excesos que van desde los arrestos injustificados en redadas masivas, hasta los asesinatos de ciudadanos inermes que luego son presentados ante la opinión como integrantes de algún grupo armado ilegal. Esta conducta se ha convertido en una práctica relativamente común en los años recientes y en varias oportunidades ha sido denunciada por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hasta le fecha se tomen los correctivos del caso.
En el más reciente de estos episodios, la víctima fue el señor Mauricio Vives Lacouture, hermano del senador del Magdalena Luis Eduardo Vives, hoy detenido por supuestos vínculos con los paramilitares.

El señor Vives estaba secuestrado desde finales del año 2005 por una célula del ELN que opera en el citado departamento y, según asegura su familia, estaba a punto de ser liberado cuando se produjeron los hechos que condujeron a su muerte a manos del Ejército. Fuentes extraoficiales le dijeron a Un Pasquín que desde hace unos años la familia Vives tenía contratado un seguro antisecuestro con una compañía extranjera, por medio del cual se estaba gestionando la liberación de Mauricio Vives, la cual se vio frustrada por una absurda operación de la II Brigada, con sede en Santa Marta.

Por varias razones, este caso tiene ribetes inexplicables e indignantes. En primer lugar, cuando los miembros de la brigada dieron noticia de la muerte de Vives lo presentaron como un guerrillero del ELN, dado de baja en combates con el ejército. De hecho su cuerpo, envuelto en una bolsa de polietileno blanca, fue exhibido junto a un fusil AK-47 y material de guerra supuestamente incautado en la operación en la que murió el ‘subversivo’, y posteriormente fue sepultado como un NN en una fosa común. Este dato resulta muy extraño si se tiene en cuenta que el cuerpo de Vives no sólo tenía una cadena con una medalla, sino que además llevaba la argolla de matrimonio, que tenía inscritos el apellido completo y las iniciales del nombre de su esposa.

Como si fuera poco, pese a que se tenía conocimiento del plagio de Vives –único en esa zona del departamento– y de la negociación con los secuestradores –pues las autoridades tenían monitoreadas todas las comunicaciones de la familia Vives con los captores de Miguel– los militares no tomaron las mínimas medidas de precaución antes de llevar a cabo la fatal operación; y luego de concluída la misma, las autoridades no se tomaron la molestia de verificar la identidad del cadáver, antes de sepultarlo precipitadamente como un desconocido.

De no ser porque los mismos guerrilleros del ELN informaron de la muerte de Vives a su familia, el caso habría quedado literalmente sepultado. Con esa noticia, la familia Vives trató de averiguar con el Ejército por la suerte de Mauricio, sin obtener ninguna respuesta. Sin embargo, gracias a la intervención del Defensor del pueblo, los Vives insistieron en la identificación y posterior exhumación del cadáver, que permitió la confirmación de la triste noticia.

Como en otros episodios similares, el Ejército ha dado explicaciones contradictorias acerca de lo que sucedió con Mauricio Vives y su extraña muerte, las cuales han sido rechazadas por su familia, que no solo sufrió la pérdida de uno de sus más queridos integrantes, sino que ha sido víctima del ¡tapen, tapen!, en una época en que el ministro de Defensa pregona todo lo contrario.

De hecho, basados en la información oficial suministrada por los mandos militares, el periódico El Informador –perteneciente a la misma familia Vives–publicó la noticia de la baja del supuesto “guerrillero integrante de la cuadrilla Gustavo Parmesano Ojeda del Eln”, tal como lo decía el comunicado expedido por el Ejército, noticia que a la postre resultó falsa y que ha hecho más dolorosa aún la tragedia.

Si bien es innegable la alta cuota de responsabilidad que aquí les cabe a los miembros del ELN –como autores del secuestro y quienes iniciaron la pesadilla– en este episodio quedan varias cosas que las autoridades no han podido aclarar:

¿Trató el ejército de realizar una operación de rescate, sin consentimiento de los familiares del secuestrado, sin el debido entrenamiento y a sabiendas de que se adelantaba una negociación que estaba a punto de culminar exitosamente?

¿Por qué, si el ejército estaba al tanto del secuestro de Mauricio Vives y tenía su descripción, no se puso en contacto con la familia para que identificara el cadáver?

¿Por qué fue sepultado como NN el cuerpo del supuesto guerrillero sin adelantar las debidas diligencias de identificación?

¿Por qué se necesitó la intervención del defensor del pueblo para que finalmente las autoridades permitieran la exhumación del cadáver?

~III~
Como colofón de esta terrible historia –que no es más que otro falso positivo– surge la inquietud de por qué en éste como en otros episodios similares donde resultan involucrados integrantes del Ejército, el gobierno no ha tomado ninguna medida disciplinaria.

Es curioso que después de casos como el de Jamundí, en el que una decena de policías de un cuerpo élite de la Policía fueron masacrados por el Ejército; el de los falsos atentados reportados en las vísperas de la segunda posesión del presidente Uribe o tras la explosión de la misteriosa bomba en la Escuela Superior de Guerra, el ejecutivo no haya actuado con el mismo rigor de hace unos años, cuando altos oficiales del ejército eran destituídos en caliente por razones nimias.

Dicha actitud pasiva contrasta con la presteza, velocidad y diligencia con las que hace apenas un par de semanas una docena de generales de la policía fueron retirados de la institución, tras el episodio de las interceptaciones telefónicas no autorizadas.
¿Por qué en el caso de la Policía sí se buscan y se sancionan oficiales por supuesta responsabilidad política, mientras que en el Ejército, en situaciones donde ha habido atentados y asesinatos, dicha responsabilidad política no existe?

El gobierno nos debe más de una explicación.

1 comentario:

Fernando dijo...

Buenas tardes: soy un colombiano "cerebro fugado",vivo en Bilbao hace más de 7 años. Así que no puedo ser del Polo, ni guerrillo, ni mamerto (qué cosa es eso?). Salí de Colombia por razones económicas como la gran mayoría. Todo esto para que se hagan una idea desde qué punto hago la reflexión. Es una verdad de a puño que los militares ven en los civiles ciudadanos de 2ª o 3ª clase. Es por eso que cada vez que debemos tratar con ellos se debe tener esto en cuenta pues el trato que vamos a recibir será de 2ª o 3ª clase. Siempre que me ha tocado tratar con ellos me lo han demostrado. Tienen la obsesión por "mamarle gallo" a los civiles, no importa que sea una juez de la República como a la que montaron en un helicoptero y la tuvieron dando vueltas para que no pudiera cumplir con su deber. Recuerdan?. Menos si es un padre de familia que va a averiguar por su hijo desaparecido, o un estudiante metido en esa maraña kafkiana que es tener la dichosa libreta militar. Los milicos siempre tiene eso metido entre ceja y ceja, no ha habido cómo hacerles entender que así les guste o no su comandante supremo es un civil. Menos aún que las providencias de los entes como la Procuraduría son para cumplirlas y luego no presentar un espectáculo bochornoso ante el Senado. Con lágrimas incluídas.