martes, 5 de junio de 2007

El Presidente y los ‘paras’

Opinión de Enrique Parejo González*
Especial para Un Pasquín

Estamos obligados a conocer esa verdad, por trascendental que sea. Y no hay ninguna ‘razón de Estado’ que lo impida.

Mientras más afirma el Presidente Uribe que nada ha tenido ni tiene que ver con las acciones de los paramilitares y de los agentes de la parapolítica, más incurre en contradicciones y más convence de todo lo contrario.

Como simples observadores de las declaraciones y actuaciones del Presidente, nos atrevemos a afirmar, sin temor a equivocarnos, que el presidente le está diciendo cada vez más mentiras al país para tratar de ocultar sus relaciones con los paramilitares y su nexos con los congresistas vinculados a la parapolítica.

Cualquier desprevenido observador de la realidad nacional tiene que darse cuenta de que el Presidente, en todo momento y en cada uno de sus actos –con respecto al proceso que se sigue contra ellos–, ha procurado favorecer a los paramilitares. Con lo cual ha tratado de favorecerse a sí mismo. En efecto, él ha buscado impedir, de esa manera, que ellos le sigan contando la verdad a la justicia y que, por ese camino, le cuenten cosas que a él no le conviene que se conozcan.

Basta hacerles seguimiento a las distintas etapas del mal llamado proceso de paz con los paramilitares, para cerciorarse de que el Presidente le teme a lo que ellos puedan decir contra él. De ahí que ellos estén anunciando -o, mejor, amenazando- que van a contar toda la verdad.

Eso es lo que se deduce de la última decisión del Presidente de establecer la excarcelación en favor de los paramilitares y de los políticos que tienen nexos con ellos. A nadie se le escapa que tanto Salvatore Mancuso como ‘Ernesto Báez’, en sus recientes declaraciones, lo han implicado, de alguna manera, en sus actividades delictivas.

A ese respecto, llama poderosamente la atención el hecho de que El Tiempo, en su edición del 25 de mayo, haya dicho lo siguiente:
“El viaje [de Francisco Santos a Estados Unidos], no obstante, se inició con ‘pie izquierdo’ luego de que apareció ayer un crítico artículo en la primera página de ‘The Washington Post’.

El artículo, escrito por su corresponsal en Bogotá Juan Forero, se basa en las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso y en una entrevista con ‘Ernesto Báez’.

Según el Post, “los jefes paramilitares han confirmado lo que grupos de derechos humanos y otros llevan años diciendo: que algunas de las figuras políticas, militares y empresariales ayudaron a construir un poderoso movimiento antiguerrillero que operaba con impunidad, mataba a civiles y enviaba coca a E.U.”.

‘Báez’, en la entrevista con el Post, sugiere no solo que el paramilitarismo era una política de Estado, como lo dijo Mancuso, sino que estas figuras públicas actuaban con el aval del ‘jefe de jefes’.

Agrega El Tiempo: “Dice Duque (Ernesto Báez) en clara alusión al presidente Uribe: “¿Será que estos grupos –me refiero a los políticos, los militares, las instituciones, los económicos– operaban sin tener contacto con su jefe de jefes? Eso es imposible”.

“El Post también menciona” —sigue diciendo El Tiempo— “las acusaciones de Mancuso contra el vicepresidente Santos y el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y dice que las revelaciones del jefe ‘para’ sobre el general Rito Alejo del Río y sus nexos con las AUC son ‘una vergüenza para Uribe’, pues éste lo ha defendido a capa y espada”.

Como se deduce de la anterior información de El Tiempo, no hay duda de que, cuando Ernesto Báez habla del ‘jefe de Jefes’ –como lo anota el propio periódico–, se está refiriendo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Tan comprometedora es esa afirmación, como la de que el paramilitarismo ha sido una política de Estado.

Creemos que las declaraciones de los dos cabecillas paramilitares revisten una enorme gravedad. En la práctica, lo que se desprende de sus palabras es que los grupos paramilitares no podían operar sin tener contacto con el ‘jefe de jefes’, es decir, con el presidente de la República.

El país tiene derecho a exigir que la Justicia inicie, a la mayor brevedad posible, una investigación a fondo sobre esas declaraciones. Y no puede dejar de hacerlo, so pretexto de que Colombia se desestabilizaría si conoce toda la verdad. Estamos obligados a conocer esa verdad, por trascendental que sea. Y no hay ninguna “razón de Estado” que impida conocerla.

Sería muy grave que la Justicia no sancionara los delitos cometidos por los paramilitares y sus aliados políticos. Negro sería el futuro del país, si se construyera sobre la impunidad de los actos delictivos de unos y de otros, cualquiera que sea el rango de sus autores. Las consecuencias de que se conozca toda la verdad nunca serán tan graves ni tan desestabilizadoras como las que inexorablemente se derivarían del ocultamiento de esa verdad. ¡Frente a los crímenes atroces de los paramilitares y sus aliados políticos no puede haber ni perdón ni olvido!

*Ex ministro de Justicia.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Para nadie es un secreto que el Presidente tuvo contactos con los paramilitares. Todo el país sabe que la finca de descanso que posee en Córdoba, cercana a Montería,es una región dominada por los paramilitares en mas de una década. ¿Quien le podía garantizar la seguridad a sus tierras cuando toda una región apoyó y colaboró incondicional a estos grupos para evitar la acción de la guerrilla debido a la falta de autoridad del estado?.

Es claro y definitivo que la Ley de Justicia y Paz fue diseñada para liberar de los procesos judiciales a sus colaboradores en armas en el pasado!