viernes, 11 de mayo de 2007

Con estatus político

[Análisis]

Colombia quiere saber la verdad y clama por justicia, pero se niega a aceptar sus consecuencias. Ante cualquier revelación, todo se niega, nadie sabe nada, se les califica de asesinos a los que no se les puede creer.

La realidad es que precisamente porque son asesinos y criminales y responsables directos de las atrocidades por las que se les acusa, son también los propietarios de evidencia e información privilegiada, y aveces los únicos testigos vivos o los más autorizados para revelar con exactitud la forma como han transcurrido los hechos y toda la cadena de responsabilidades en la comisión de los mismos. Todo este proceso “de paz” con las autodefensas es un proceso de paz sin agenda y sin ruta. Un proceso sin reglas claras, en el que la iniciativa la tiene el poder judicial porque el poder político está tan contaminado que los líderes de los partidos han terminado huyéndole a cualquier vinculación con el proceso.

Es además, un proceso poco transparente y mal formulado, en el que el estatus jurídico 4 años después aún sigue pendiente; que se está dando en medio de la guerra, con guerrillas operantes, en proyecto de ampliar sus operaciones para escalar el conflicto; un proceso sobre el que el narcotráfico ejerce una presión maldita, que obliga a la degeneración rápida de la guerra. Es un proceso forzado de transición en el que no se dieron consensos fundamentales y por eso se le garantizó a la oposición el papel del inquisidor que señala y calla al mismo tiempo. Es una oposición que condena y critica más con interés electoral que con la vocación de construir la paz y pagar el precio. Es una oposición irreflexiva, autoritaria y sorda, que olvida que el paramilitarismo es mucho más antiguo que Uribe, que fue legal durante décadas de una violencia de la que algunos de ellos también participaron.

Por supuesto, el Gobierno no ha hecho menos. Todos los aspectos de este proceso se planearon con ligereza e insensatez. El Presidente ha elegido gobernar en soledad y prescribir una paz que no produjo pacificación precisamente porque omite el amplio diálogo nacional y privilegia el masivo uso de la fuerza.

Este proceso necesita norte y lo necesita urgentemente. El estatus político de las autodefensas fue otorgado tácitamente por el Gobierno y avalado voluntariamente por la comunidad internacional el día en que facilitó la verificación de la OEA, hoy en parte financiada con dineros de la Unión Europea. El estatus político se revela con propiedad en los contenidos de los acuerdos, a los que tuve acceso privilegiado: el Gobierno negocia en ellos el traslado del poder político, económico y militar de las zonas bajo el control paramilitar y su reinstitucionalización. No habla allí de una alianza, sino de la cesión del control total que históricamente han sostenido sobre un territorio.

Este no-proceso está a punto de fracasar estruendosamente, pero también está en un momento magnífico para repensarse. Los avances conseguidos a través de las pocas confesiones están finalmente abriendo las ventanas para descubrir los verdaderos móviles detrás del conflicto y entre esas revelaciones están las claves para diagnosticar los fundamentos de la sociedad que ha permitido y avalado esta violencia bestial. La implicación de esos sectores no solo facilitará la reparación de las víctimas, sino que permitirá pensar en soluciones amplias y extensas que realmente conduzcan a la paz. Parte de esas soluciones solo emergerá de acuerdos fundamentales, que condenen todas las formas de violencia y formulen los principios de la extinción de la ilegalidad y los valores envenenados que han imposibilitado, por siempre, la integración de la Nación. [Natalia Springer]

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