viernes, 18 de mayo de 2007

Los GAL* de Colombia

Comentario de José Manuel Martín Medem**

Colombia es para Prisa la gran plataforma para sus negocios de comunicación en América Latina. En compensación, las informaciones publicadas en El País protegen al gobierno de Alvaro Uribe como si el presidente no fuera responsable de la corrupción y del terrorismo de Estado. En su editorial del 18 de mayo, sigue defendiendo a Uribe a quien considera “impoluto”: como si fuera posible que no tuviera nada que ver con la “guerra sucia” (que El País reconoce) un tipo que ha sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y que modificó la Constitución para continuar en la presidencia de Colombia.

El título del editorial (“Cloacas colombianas”) nos recuerda las barbaridades de Felipe González sobre “la defensa del Estado” y la conclusión de El País lo que no sucedió en España: “Cuando se juega a la guerra sucia, ésta acaba saliendo a la luz y salpicando a todos los que la han impulsado”.

Como con los GAL, cuando El País consideraba ¡inocente! a González, ahora Prisa defiende a Uribe mientras el comandante de los escuadrones de la muerte, Salvatore Mancuso, reconoce que el terrorismo paramilitar es en Colombia una política de Estado.

Según el editorial de El País, “que el paramilitarismo llegara a convertirse en política de Estado es un error que está empezando a cobrarse un precio”. ¿Es un error porque se ha descubierto, como sucedió con los GAL? ¿O es que las matanzas con sierras de cortar árboles pueden considerarse un error de “la democracia colombiana”? El País apesta.

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*Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL): los escuadrones de la muerte organizados por el gobierno de Felipe González para asesinar a supuestos terroristas de ETA.

**Fue corresponsal de TVE en Colombia (1997–1998).

viernes, 11 de mayo de 2007

De primera mano

[Editorial] Natalia Springer –columnista de Un Pasquín– es una consultora colombo-austríaca experta en justicia y seguridad, conocedora de primera mano de diversos conflictos en varios países del mundo, y quien ha trabajado para organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la OTAN. Parte de su experiencia está consignada en el libro Desactivar la guerra; propuestas audaces para construir la paz (Santillana, 2005), obra que cuenta con versiones más extensas en inglés y en alemán.

En desarrollo de su trabajo en nuestro país Natalia ha conocido a los diferentes actores del conflicto colombiano. Luego de varios meses y tras superar numerosos obstáculos, hace dos días se entrevistó con el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso, con quien inicialmente quería conversar sobre los menores de edad reclutados por esa organización armada.

No obstante, del extenso diálogo de más de ocho horas surgió abundante material, parte del cual publicamos en esta edición especial, y cuyos temas serán ampliados en la declaración que Mancuso rendirá ante la Fiscalía el próximo martes.

“No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”: Mancuso

A menos de una semana de su diligencia de indagatoria ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso se confiesa.

Reportaje de Natalia Springer*
Exclusivo para Un Pasquín

Salvatore Mancuso, el Comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los criminales contra la humanidad más visibles del mundo en proceso de juzgamiento, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, aceptó reunirse conmigo a sabiendas de que la conversación y los datos bien podrían terminar incriminándolo.

Mancuso habló como representante político del movimiento de las AUC y a pesar de que no lo confirmó, fuentes independientes revelaron que su equipo de abogados le había exigido que cancelara esa reunión. Habló, según él, con el ánimo de enviar un mensaje a las fracciones más radicales que persiguen con empeño la acción de la justicia: están “dispuestos a contar toda la verdad”.

Durante el encuentro sus primeras declaraciones revelaron la total indiferencia de los negociadores [tanto del gobierno como de las AUC] hacia los aspectos humanitarios.

Mancuso confirmó que nunca se verificó la situación de los más de 550 individuos registrados como ‘secuestrados’ por las autodefensas, ni de los desaparecidos, los enfermos o los prisioneros de guerra; ni se hizo una entrega especial de los niños reclutados por estos grupos; tampoco se abordó el tema del tratamiento que recibirían sus comunidades de apoyo. También dijo que no se siguieron procedimientos regulares ni se hizo una verificación previa de la situación anterior a la entrega de combatientes, ni se establecieron perímetros que permitieran controlar los resultados del proceso.
En sus propias palabras, “nunca se habló de eso”. Según él, “nunca acudimos al secuestro” y afirmó que “los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”.

Por otra parte, reveló la existencia de los “civiles milicianos, una especie de comandos de apoyo, en una proporción de 2 civiles por combatiente”, lo que deja en el aire la cuestión de su desmovilización. También dijo que sus zonas de influencia “quedaron desprotegidas, aunque el compromiso con el gobierno incluía la ‘reinstitucionalización’ de estas regiones. Hoy están bajo la fuerte presión de la insurgencia”.

Sobre este punto, según la verificación de la Fiscalía, las tierras en Bolívar entregadas por Mancuso a la Unidad de Justicia y Paz fueron calificadas como áreas de alto riesgo, sembradas de minas y controladas por la guerrilla, lo que las hace inútiles para los fines de la reparación.

Al referirse a la gestión del Comisionado Luis Carlos Restrepo, Mancuso afirmó que ellos en efecto lo han vetado “porque nos ha mentido a lo largo de todo el proceso”.

La ‘para-política’. Interrogado por las implicaciones de políticos y empresarios en la formación y consolidación de las autodefensas, Mancuso respondió que “los senadores, alcaldes, gobernadores y representantes que han sido llamados por la justicia mienten al asegurar que fueron forzados a atender estas reuniones”. De hecho reveló, con nombres afiliación y motivos, una larga lista de políticos, de varios gobiernos, “muchos de ellos aún en el poder, en todo el país”.
[Un Pasquín se reserva dichos nombres para no entorpecer la diligencia ante la Fiscalía].

Mancuso afirma que “fueron ellos [los políticos] los que motivaron los encuentros e insinuaron los contenidos” y que “los acuerdos se habían dado para mutuo beneficio”. “En conjunto se elaboraron planes de desarrollo y se radicaron, e incluso eran ellos los que nos buscaban para que los ayudáramos a salir elegidos […]Fuimos un modelo de Estado”.
“Incidimos en varias elecciones presidenciales”, agrega, al reafirmar que su influencia electoral se ha extendido por décadas.

“Todas nos pagaban”. Sobre la relación de los empresarios colombianos y extranjeros con las AUC, aseguró que “todas las compañías bananeras nos pagaban (nueve centavos de dólar por caja)”, pero ese no fue el único sector comprometido. Incluso, dice que, siendo presidente de Fenalco, “Sabas Pretelt vino a vernos en nombre de los industriales de este país”. También dijo que “los bancos participaban en el lavado de dinero del narcotráfico”. Todos los sectores estratégicos estuvieron comprometidos, “incluido el gremio del transporte”.
Sobre presuntos vínculos de las AUC con las Fuerzas Armadas, Mancuso sostuvo que la relación no se limitó únicamente a una complicidad pasiva, ni a una simple alianza estratégica, “sino que en algunos casos se desarrollaron acciones conjuntas”.

Versión completa. Mancuso aseguró que lo contará todo con lujo de detalles en la indagatoria que rendirá el próximo martes, pese a los problemas de seguridad que dice tener. “Nos quieren callar”, dijo y agregó que los comandantes de las AUC han recibido permanentes amenazas, algunas en forma de atentados-mensajes para evitar que hablen, confiesen sus crímenes e impliquen a terceros.

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*Consultora internacional; experta en
justicia y seguridad.

Infidencias de un encuentro
entre enemigos acérrimos

Opinión de Natalia Springer
Exclusivo para Un Pasquín

“Acuérdese de una cosa: yo no soy periodista. Usted sabe que lo mío es la Justicia y la Seguridad y que trabajo en el campo humanitario. Yo no he venido a que me cuente secretos, ni a promover escándalos. Mi oficio es llevar a criminales contra la humanidad, como usted, ante la justicia y asegurar que pagarán por lo que han hecho. Quiero que le quede muy claro: si usted se sigue negando a cooperar con la Justicia, le aseguro que la próxima vez nos veremos en un Tribunal Internacional”. Esas palabras fueron las primeras advertencias que le hice a Salvatore Mancuso al principio de esta entrevista.
Por eso, aquella mañana mientras sobrevolábamos los cielos antioqueños, en busca de un claro para aterrizar, puse mi vida en orden, como lo hago siempre, y repasé los objetivos del encuentro.

Esta entrevista nació de la obligación de explorar las responsabilidades de los grupos paramilitares en la vinculación y uso de menores de edad en el conflicto. Esa exploración hace parte de un esfuerzo investigativo que dirijo desde el exterior, para la Fundación Maya Nasa, y que tiene como objetivo promover una política que afecte determinantemente la evolución de este fenómeno. El uso de niños para los fines de la guerra es hoy más alarmante que en los peores momentos de la guerra. Las guerrillas han apelado al uso masivo de niños para todo tipo de acciones bélicas, y se sabe que el reclutamiento de jóvenes para la conformación de los nuevos grupos de autodefensa ha sido masivo en regiones como la de los Montes de María, controladas históricamente por Mancuso.

Sin embargo, ese no era el único propósito. También fui a preguntarle lo que no le han podido preguntar los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Mancuso ha tratado deliberadamente de evitar declarar y ha acudido a todo tipo de trucos para dilatar las audiencias, saboteando un proceso jurídico que es excesivamente generoso precisamente porque está basado en la cooperación.

Mi tercer y último propósito era conocer el verdadero estatus de esas negociaciones. Qué es exactamente lo que se ha negociado, qué se les prometió y por qué, si está vigente esa negociación y cuáles fueron los compromisos y las reglas de juego con las que se concertaron esas reuniones. Sin embargo, también tenía claro que –y muy a pesar de mi fuerte oposición a la manera como se ha manejado este proceso– no acudía allí para desacreditar al Comisionado de Paz, ni a los representantes del Gobierno.

Ese encuentro era apenas el último episodio de una historia personal larga y difícil. Hace más de 15 años que entendí que no podía cerrar los ojos y hacer de cuenta que nada estaba pasando en Colombia. Sucedió exactamente durante un viaje por el Chocó: supe que dedicaría mi vida a trabajar al servicio de los que mas sufren. Bajo esa convicción he servido, durante estos años, en varios países. Los costos de esa decisión son muchos. En particular, el abogar por un proceso transparente de paz con Justicia, Verdad y Reparación en Colombia ha afectado mucho mi seguridad personal. Las amenazas, de todos los actores, son permanentes y desde hace un poco más de un año, no hay semana en que no reciba una o dos cartas con mensajes muy fuertes con amenazas explícitas.

Jamás he guardado silencio, por el contrario, solo se ha reforzado la convicción de que la justicia es el único camino que puede conducir a la paz de Colombia. Tampoco he obedecido a las recomendaciones de no volver al país. Nací libre. Soy una mujer libre y moriré de esa manera.

Esos eran exactamente los propósitos de la visita y ese el estado de mi alma, cuando llegué a la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüi, acompañada por una asistente, para reunirme con Salvatore Mancuso, también acompañado por uno de sus asesores y un familiar, en la intimidad de su celda de reclusión, el pasado martes 7 de mayo de 2007.

Con estatus político

[Análisis]

Colombia quiere saber la verdad y clama por justicia, pero se niega a aceptar sus consecuencias. Ante cualquier revelación, todo se niega, nadie sabe nada, se les califica de asesinos a los que no se les puede creer.

La realidad es que precisamente porque son asesinos y criminales y responsables directos de las atrocidades por las que se les acusa, son también los propietarios de evidencia e información privilegiada, y aveces los únicos testigos vivos o los más autorizados para revelar con exactitud la forma como han transcurrido los hechos y toda la cadena de responsabilidades en la comisión de los mismos. Todo este proceso “de paz” con las autodefensas es un proceso de paz sin agenda y sin ruta. Un proceso sin reglas claras, en el que la iniciativa la tiene el poder judicial porque el poder político está tan contaminado que los líderes de los partidos han terminado huyéndole a cualquier vinculación con el proceso.

Es además, un proceso poco transparente y mal formulado, en el que el estatus jurídico 4 años después aún sigue pendiente; que se está dando en medio de la guerra, con guerrillas operantes, en proyecto de ampliar sus operaciones para escalar el conflicto; un proceso sobre el que el narcotráfico ejerce una presión maldita, que obliga a la degeneración rápida de la guerra. Es un proceso forzado de transición en el que no se dieron consensos fundamentales y por eso se le garantizó a la oposición el papel del inquisidor que señala y calla al mismo tiempo. Es una oposición que condena y critica más con interés electoral que con la vocación de construir la paz y pagar el precio. Es una oposición irreflexiva, autoritaria y sorda, que olvida que el paramilitarismo es mucho más antiguo que Uribe, que fue legal durante décadas de una violencia de la que algunos de ellos también participaron.

Por supuesto, el Gobierno no ha hecho menos. Todos los aspectos de este proceso se planearon con ligereza e insensatez. El Presidente ha elegido gobernar en soledad y prescribir una paz que no produjo pacificación precisamente porque omite el amplio diálogo nacional y privilegia el masivo uso de la fuerza.

Este proceso necesita norte y lo necesita urgentemente. El estatus político de las autodefensas fue otorgado tácitamente por el Gobierno y avalado voluntariamente por la comunidad internacional el día en que facilitó la verificación de la OEA, hoy en parte financiada con dineros de la Unión Europea. El estatus político se revela con propiedad en los contenidos de los acuerdos, a los que tuve acceso privilegiado: el Gobierno negocia en ellos el traslado del poder político, económico y militar de las zonas bajo el control paramilitar y su reinstitucionalización. No habla allí de una alianza, sino de la cesión del control total que históricamente han sostenido sobre un territorio.

Este no-proceso está a punto de fracasar estruendosamente, pero también está en un momento magnífico para repensarse. Los avances conseguidos a través de las pocas confesiones están finalmente abriendo las ventanas para descubrir los verdaderos móviles detrás del conflicto y entre esas revelaciones están las claves para diagnosticar los fundamentos de la sociedad que ha permitido y avalado esta violencia bestial. La implicación de esos sectores no solo facilitará la reparación de las víctimas, sino que permitirá pensar en soluciones amplias y extensas que realmente conduzcan a la paz. Parte de esas soluciones solo emergerá de acuerdos fundamentales, que condenen todas las formas de violencia y formulen los principios de la extinción de la ilegalidad y los valores envenenados que han imposibilitado, por siempre, la integración de la Nación. [Natalia Springer]

Una indagatoria anticipada

Exclusivo: Apartes de las declaraciones dadas por Salvatore Mancuso una
semana antes de su diligencia de indagatoria ante la Fiscalía.


“Nos quieren callar”.
Según Mancuso, los comandantes de las AUC y sus familias han recibido permanentes amenazas, algunas en forma de atentados-mensaje para evitar que hablen, confiesen sus crímenes e impliquen a terceros.

“El Comisionado nos ha mentido todo el tiempo”.

“Las bananeras todas nos pagaban. No hu-bo una sola que no nos pagara”.
Refiriéndose al caso “Chiquita Brands Inc” de Estados Unidos, y afirmando que existe abundante evidencia de que no se trató de relaciones forzadas sino de transacciones en mutuo beneficio.

“En el gobierno de Pastrana crecimos de 3.500 hombres a mas de 30.000. Con el beneplácito de todo el establecimiento”.

“Sabas Pretelt vino a vernos en nombre de los industriales de este país”.
Al hablar de la vinculación de grandes capitales en la conformación y consolidación del fenómeno paramilitar en Colombia.

“Hay negociación con el gobierno. Nosotros rompimos los diálogos y el gobierno los retomó en febrero”.
Refiriéndose al estatus actual del proceso de paz con las autodefensas

“Acuerdos con alcaldes hicimos en todas las regiones del país. Incluso un acuerdo que firmamos con mas de 200 y pico. Fuimos un modelo de estado”.
Mancuso posee registros de los acuerdos con alcaldes, gobernadores, senadores e industriales de todo el país.

“Los bancos han participado en el lavado de dinero del narcotráfico”.

“Incidimos en varias elecciones presidenciales”.
Asegurando que su influencia electoral se ha extendido por décadas.

“¿A la fuerza? Ellos mismos vinieron a buscarnos para ayudarlos a salir elegidos”.
Refiriéndose a los políticos que hoy afirman que fueron amenazados para asistir y firmar pactos secretos para “refundar el estado”.

“A Castaño le dieron el aval para aumentar la autodefensa”.