lunes, 2 de abril de 2007

¿El gran encubridor?

Es absurdo afirmar que los delitos de los paramilitares y de sus aliados políticos se conocieron y son investigados gracias a la Ley de Justicia y Paz y a la voluntad del Presidente.

OPINIÓN

De Enrique Parejo González*
Especial para Un Pasquín

El Presidente de la República –quien ya tiene por costumbre faltar a la verdad–, ha dicho en forma reiterada, que las investigaciones sobre la “parapolítica” son consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, y que, de no ser por esa ley, no se habría conocido ese enorme escándalo sobre los vínculos entre la clase política –en su mayoría, uribista– y los paramilitares. O sea, que el mérito es suyo.

Nada más alejado de la verdad. En primer lugar, hay que recordar que el proyecto inicialmente presentado por el Presidente al Congreso, llamado de alternatividad penal, era muy distinto del que, después, se convirtió en la Ley de Justicia y Paz. Aquél, además de no prever la imposición efectiva de penas privativas de la libertad, no obligaba a los paramilitares a confesar toda la verdad sobre sus delitos atroces, ni sobre sus vínculos con la clase política.

Si el primer proyecto presentado por el Presidente, el de alternatividad penal –que recogía los acuerdos del Gobierno con los paramilitares– hubiera sido aprobado, la impunidad para los crímenes de éstos habría sido absoluta. En tal caso, la verdad sobre esos crímenes y sobre los nexos entre los políticos y los paramilitares habría quedado definitivamente sepultada.

Más tarde, al Presidente debieron hacerle caer en la cuenta de que un proyecto que no impusiera penas acordes con la gravedad de los delitos, no impediría la intervención de la Corte Penal Internacional. Por eso, tuvo que presentar un nuevo proyecto de ley, el de Justicia y Paz, que establecía penas privativas de la libertad, pero irrisorias. ¡Era una manera de tratar de soslayar, tramposamente, la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional!

En la práctica, la Ley de Justicia y Paz consagra la impunidad de los crímenes atroces de los paramilitares. Y, no obstante la exigüidad de las penas previstas en ella, concede una rebaja adicional de hasta 18 meses, por el tiempo de permanencia en Santafé de Ralito –a pesar de que éste no era un lugar de reclusión–, mientras se negociaba el fementido acuerdo de paz.

Pero la Corte Constitucional, al revisar la Ley, exigió la confesión plena de los delitos, por parte de los paramilitares. Al mismo tiempo, suprimió la rebaja de pena por la permanencia en Santafé de Ralito. Estas dos decisiones –ajenas a la voluntad del Presidente y de los paramilitares–, le abrieron las puertas a que se conociera toda la verdad sobre sus delitos y sobre sus nexos con la clase política.

En el colmo de la condescendencia con los criminales -quienes vieron en la determinación de la Corte Constitucional un incumplimiento de los compromisos contraídos con ellos por el Presidente-, el primer mandatario ha dictado un Decreto Reglamentario para revivir, en un acto abiertamente contrario a la Constitución, los beneficios suprimidos o modificados por la Corte.

Como ya hemos dicho, es absurdo afirmar que los delitos de los paramilitares y de sus aliados políticos se conocieron y son investigados gracias a la Ley de Justicia y Paz y a la voluntad del Presidente. De no ser por el hallazgo, es decir, el encuentro casual, del “computador de Jorge 40”, y por las denuncias del ex jefe de informática del Das y la firme determinación de la Corte Suprema de Justicia, que merece por ello los más altos elogios, nada de eso habría sido posible.

Nadie duda hoy de la infiltración de los paramilitares en el Das, ni de la responsabilidad de su ex director, Jorge Noguera. Es absurdo pensar que el presidente facilitó o apoyó la investigación de ese hecho gravísimo. Por el contrario, hizo todo lo posible por obstaculizarla. No sólo rechazó airadamente los cargos que se le hicieron al ex director, sino que llamó irresponsables a los directores de los medios que los divulgaron, por haberse basado, según él, en un testigo condenado por la Justicia, a quien, sin embargo, la Corte Suprema le ha otorgado plena credibilidad.

La parcialidad del Presidente frente al ex director del Das se puso de presente cuando, después del mencionado escándalo, al verse obligado a aceptarle la renuncia, lo designó, de manera casi subrepticia, en un cargo diplomático, so pretexto de proteger su vida. La falta de voluntad, por parte del Presidente, de que se investigue la infiltración de los paramilitares en el Das, fue evidenciada en una nota publicada por El Tiempo, en su edición del 11 de marzo. En ella se dice que el Fiscal General de la Nación le ha pedido al nuevo Director del Das, Andrés Peñate, que le remita las pruebas que dijo tener en contra de Noguera y que le entregó al Presidente Uribe. Esas pruebas, al parecer, no han sido puestas aún en manos del Fiscal.

¡De comprobarse esta circunstancia, estaríamos ante un acto de encubrimiento y de obstrucción a la Justicia que, por sí solo, podría dar lugar a que el Jefe del Estado fuera investigado penalmente por la Cámara de Representantes!

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*Ex ministro de Justicia.

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