miércoles, 28 de febrero de 2007

El presidente Uribe también debe ser investigado


Álvaro Uribe debe reflexionar sobre su propia situación ahora que la justicia ha encontrado que sus más cercanos amigos políticos tienen vínculos estrechos con los paramilitares.

Opinión de Enrique Parejo González*
Especial para Un Pasquín

El asesinato de la señora Yolanda Izquierdo, líder de los desplazados de Córdoba, y del cual se responsabiliza a los paramilitares, trae a nuestra memoria el caso de la muerte aleve del Alcalde del Municipio de El Roble, Sucre, en el 2003, ordenado muy seguramente -como lo denunció la propia víctima, en un consejo comunitario-, por el entonces gobernador de ese departamento, Salvador Arana.

Como se recordará, mientras se desarrollaba el consejo comunitario, presidido como de costumbre por el doctor Álvaro Uribe Vélez, el señor Eudaldo Díaz, quien se desempeñaba como Alcalde del mencionado municipio, ante el propio Presidente de la República, acusó al gobernador del Departamento de Sucre, quien se hallaba sentado a la derecha del primer mandatario, de haber dado la orden de asesinarlo. “¡Sé que me van a matar, señor Presidente!” clamaba el atribulado burgomaestre. “¡Aquí están quienes quieren asesinarme!” ¡Al lado suyo está quien ha ordenado mi muerte!

El Presidente Uribe, una vez que el alcalde municipal concluyó su dramática acusación contra el gobernador, a quien señaló, además, como organizador de grupos paramilitares en el departamento, se limitó a solicitarle a la Secretaria del Consejo Comunitario que pusiera los hechos, que calificó de graves, en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, para que los investigara.

Unas pocas semanas después, el Alcalde fue secuestrado y asesinado y su cuerpo arrojado en una carretera secundaria de la región. La fementida política de “Seguridad Democrática” no sirvió para proteger su vida. En cambio, ¡oh paradoja! sirvió para darle protección al presunto autor del asesinato, el señor Salvador Arana, a quien, en acto escandaloso e inaudito, el presidente Uribe designó como Embajador de Colombia en Chile.

Cuando se le preguntó al ministro del Interior y de Justicia, hoy embajador en Roma, por las razones que habían llevado al gobierno a hacer ese nombramiento, aquél contestó que se había hecho por la necesidad de proteger la vida del gobernador. ¡Con él sí operó, pues, la política de seguridad democrática!
La Corte Suprema de Justicia, en su investigación sobre el fenómeno de la “para-política”, cuyos protagonistas tanto le han servido al presidente Uribe para sus fines políticos, encontró que había mérito para llamar a rendir indagatoria al ex gobernador de Sucre. Éste regresó al país, supuestamente, para responder al llamado del máximo tribunal de justicia. Por el contrario, apenas pisó suelo colombiano, desapareció y no se sabe dónde se encuentra.

Este caso, en cuanto a las maniobras desplegadas para entorpecer la acción de la justicia, se parece al del anterior director del Das, acusado también de favorecer a los paramilitares, y quien, después de que se le aceptara la renuncia de ese cargo, fue designado por el Presidente Uribe como Cónsul General del país en Milán. Pero, el señor Salvador Arana no sólo no se ha presentado ante la Justicia, sino que ni siquiera se sabe en donde se encuentra. Se ha burlado de ella.

¿Y qué ha hecho el presidente Uribe? Él, que es tan dado a fustigar a sus opositores, cuando presume que tienen o han tenido problemas con la justicia, esta vez ha guardado silencio. ¡Él, que en un Consejo de Seguridad –a pesar de que en ese caso incurría en un abuso de autoridad–, ordenó la captura de un empleado público a quien el Comandante Militar de Buenaventura acusó de haber incurrido en un acto de corrupción!

¡La conducta del presidente Uribe debe ser investigada penalmente! Por los casos mencionados y por otros similares que también lo ameritarían: Primero, por no haber protegido la vida del alcalde de El Roble, a pesar de que éste se lo solicitó pública y vehementemente, en presencia del presunto asesino, el entonces gobernador de Sucre. Segundo, por haber designado al acusado en un cargo diplomático, en vez de solicitar que fuera investigado. Tercero, por no haber tomado las medidas a que también estaba obligado, para impedir que el acusado, después de haber sido vinculado a un proceso penal por homicidio, se sustrajera a la acción de la justicia. Y cuarto, por el comportamiento similar que ha tenido frente al caso del ex director del Das, también acusado de favorecer a paramilitares.

A lo anterior se suma la responsabilidad que le cabe al primer mandatario, por omisión, en la muerte de la señora Yolanda Izquierdo, quien le pidió protección al gobierno por las amenazas que estaba recibiendo. ¡El gobierno no puede eludir esa responsabilidad con el argumento simplista de que la denuncia llegó al lugar equivocado, o de que se demoró en los trámites burocráticos, cuando las amenazas contra su vida eran de público conocimiento!

Es curiosa la costumbre que tiene el Presidente de proteger a quienes son acusados de pertenecer o de favorecer a grupos paramilitares. El ex Fiscal Luís Camilo Osorio, quien ordenó el archivo de la investigación que la Fiscalía adelantaba contra un general de la República, por presunta colaboración con los paramilitares, hoy es embajador de Colombia en Roma. Claro que hay que recordar también que el doctor Uribe, cuando ya era candidato a la Presidencia de la República, ofreció un homenaje de desagravio a dicho General, mucho antes de que se dispusiera el archivo de esa investigación.

¡Antes que estar poniendo el espejo retrovisor, lo cual no le queda bien a un Jefe de Estado, el presidente Uribe debe rendirle cuentas al país por los asesinatos que han cometido los paramilitares durante su administración como gobernador del departamento de Antioquia y como Presidente de la República!

Y debe reflexionar sobre su propia situación ahora que la justicia ha encontrado que sus más cercanos amigos políticos, que determinaron sus sucesivas elecciones a la Presidencia, tienen vínculos estrechos con los paramilitares.

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*Ex ministro de Justicia.

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