domingo, 28 de enero de 2007

¿Tras la reelección vitalicia?

Por Jorge Arenas da Silva
Especial para Un Pasquín

En días pasados, el industrial Julio Mario Santo Domingo, sin ninguna ingenuidad y probablemente devolviendo los favores recibidos –en particular la generosidad del gobierno a la hora de cobrarle lo que según algunos expertos dejó de pagar al Estado por la venta de acciones de Bavaria a Saab Miller–, se manifestó a favor de una nueva reeleción de Álvaro Uribe; lo que para muchos sería la antesala de la reelección indefinida, al estilo de la propuesta hecha hace sólo unas semanas en Venezuela por Hugo Chávez. Los dos presidentes creen que hay que salvar la patria, tarea para la cual ellos son los indicados y que el tiempo que tienen en sus períodos ordinarios no es suficiente. Los dos se mueven sobre los mismos principios: es necesario cambiar el modelo político –de un Estado social al socialismo del siglo XXI en Venezuela y al Estado Comunitario en Colombia–. Los dos piensan que debe existir unidad nacional en torno a sus partidos y que sus opositores más radicales son traidores y apátridas. Los dos prefieren estrategias de gobierno personalistas y populistas a modelos institucionalizados de planeación y ejecución de recursos públicos. Los dos creen que deben seguir gobernando indefinidamente hasta lograr las metas que se proponen. Los dos están convencidos de que la reforma a la Constitución con el objetivo de seguir gobernando no es sino el reconocimiento de un clamor popular en ese sentido. Los dos se protegen con anillos de cortesanos que les aplauden y avalan y les impiden identificar la gravedad a mediano y largo plazo de sus populares propuestas.

La voz del pueblo...
Por esas mismas razones, los dos son un desastre para el proceso de construcción de instituciones sólidas y sociedades verdaderamente pluralistas, democráticas e incluyentes. Sin embargo, puede ser que en los dos casos, la reelección inmediata sea aplaudida por amplios sectores de la población y que tengamos Chávez y Uribe para rato.

En Colombia la reelección inmediata –antes de la reforma constitucional de Uribe– fue siempre vista con sospecha y cuando en el pasado se puso en práctica fue un verdadero fracaso. Por eso, sus contradictores lograban siempre sacarla del panorama constitucional por los riesgos que implicaba en términos de abuso de poder y la libre y equitativa competencia electoral. Y si esta institución era mirada con recelo, la reelección inmediata indefinida era simplemente un mal chiste. Ello no sólo porque esta medida puede impedir la movilidad y renovación política –a lo que no están dispuestos miembros de sectores políticos que están en turno para competir por la presidencia–, sino por sus enormes riesgos cuando se aplica en un panorama institucional como aquellos que dominan en América Latina.

En efecto, si bien la reelección inmediata por un período supone algunos riesgos para la igualdad electoral y los derechos políticos asociados –como se demostró en el caso de Perú y Argentina–, la reelección indefinida, sin un adecuado marco institucional, hace simplemente imposible la equidad electoral y los frenos a los abusos de poder. Para que una medida de esta naturaleza pueda adecuarse a un modelo verdaderamente democrático es necesario que existan controles reales y reforzados sobre el uso del poder y los recursos públicos, en particular, del poder del ejecutivo. Deben existir, por ejemplo, órganos de control y electorales verdaderamente imparciales y autónomos, cortes fortalecidas e independientes. Una prensa libre, plural y ajena al gobierno. Y una sociedad militante en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, en Colombia antes –pero sobre todo después– de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata, está claro que estas condiciones no se cumplen. El poder electoral está en manos de los partidos que apoyan al Presidente en sus aspiraciones siempre que éste los apoye en la satisfacción de sus necesidades clientelistas. El Fiscal, el Procurador y el 30% de la Corte Constitucional serán de origen –directo o indirecto– del Presidente. La Junta Directiva del Banco de la República será unánimemente gobiernista. La Comisión Nacional de Televisión tendrá una decisiva influencia presidencial. La gran prensa no sólo no es plural sino que cada vez es más gobiernista. Y en cuanto se refiere a los ciudadanos, como se ha visto en los últimos años, ante una arremetida populista que radicalice y/o asuste a los ciudadanos y mientras la economía –por razones endógenas o exógenas, legales o ilegales–funcione relativamente bien y siempre que se logre construir adecuadamente un enemigo común –que en el caso de Colombia son las FARC y en Venezuela, EE.UU.– el presidente que busque la reelección tendrá un amplio margen de favorabilidad. En estos casos parece probable que la gente prefiera abandonar su condición de ciudadano militante y asumir la posición del súbdito que todo lo admite y tolera, o que prefiere simplemente no ver los errores de su líder siempre que satisfaga sus necesidades más apremiantes. Así, sin controles intraorgánicos, sin una prensa libre y equitativa y sin ciudadanía militante, la reelección indefinida es una tentación casi inaguantable para abusar del poder y permanecer en su ejercicio tanto como el cuerpo aguante. Y todo en nombre del pueblo soberano.

Lo dijo Chávez al lanzar su iniciativa: “Es una propuesta, ya el pueblo verá. Aquí lo importante es que es el pueblo el que va a tomar la decisión, porque aquí no hacemos nada si no lo apoya el pueblo”.

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