domingo, 28 de enero de 2007

Prohibido secuestrar

Por Ricardo Sánchez Ángel*

El secuestro y el asesinato junto con las masacres y desapariciones constituyen una realidad estructural constante en las dos últimas décadas. Es la perversidad llevada a su más lograda realización, no precisamente por el Diablo, sino por el Sistema y sus agentes en un cuadro de barbarie contundente. En una circularidad que abarca a los de arriba y los de abajo. Son un paquete, una canasta de crímenes de lesa humanidad que los maquilladores del sistema y el gobierno del señor presidente, con cifras en mano, pretenden ocultar en su extrema gravedad.

Las violencias son sociales y delincuenciales, se presentan contra la propiedad y la vida humana y contra los recursos del Estado y la Sociedad, contra las instituciones, pero sobre todo contra la vida de las gentes comunes, que es el único derecho sagrado, al servicio del cual deben estar las instituciones y no al revés, como sucede en Colombia. Aquí la vida es algo secundario, lo que prima es el fetichismo de la razón de Estado, sustentado en las armas, y la defensa a rajatabla de un orden institucional.

Es esta la concepción que las élites dominantes y gubernamentales han exhibido, en clima de camarilla, con traje y disfraz de Tartufos, ante los episodios nacionales, entre los cuales subrayo el del Palacio de Justicia, cuando frente al terrorismo del M-19 se desató el terrorismo oficial. Y el de hoy con la negativa a un acuerdo humanitario frente al secuestro cometido por las FARC sobre civiles y ‘justificando’ hipócritamente la solemnidad a nombre de las instituciones, con que el presidente bonapartista se niega a adelantarlo si no se cumplen sus exigencias, que vistas con criterio humanitario son un pretexto. La política oficial es el rescate a sangre y fuego, y la feliz escapada del ex ministro Fernando Araujo, que hay que saludar, parece dar bríos a esta postura.

Las cifras muestran que aunque hay descenso en los crímenes, ello no puede ser motivo de celebración ya que el número sigue siendo descomunal. El muy barranquillero y londinense, Eduardo Posada Carbó, tan preocupado por hacernos creer en los logros de la democracia realmente existente, califica esta realidad como una catástrofe humanitaria. Son alrededor de 17000 muertes, de acuerdo a la Policía Nacional, habiéndose agravado la situación en Córdoba, Meta, Bolívar y Nariño. Y los secuestros se incrementaron en Chocó, Magdalena, Norte de Santander y Bogotá. ¡Ojo! Bogotá!!

La tendencia a la disminución de los crímenes, que es un aspecto positivo, no obstante se desacelera: de 19% en 2003 se pasó a 13% en 2004, 11% en 2005 y sólo 5% en 2006. Sobre el secuestro, el gobierno se arropa en las estadísticas y hace mutis por el foro de los documentados informes de País Libre, Amnistía Internacional y demás prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales.

La caída del secuestro, que sigue siendo alarmante, se debe a: la acción de las autoridades; al cuidado que las propias gentes han asumido frente a este flagelo; a que muchos secuestros no se reportan; a que las guerrillas no parecen tener más sitios para ‘guardar’ sus víctimas.

La política de seguridad democrática del señor presidente tiene las dos caras de Jano: de un lado, logra ampliar la libertad de movimiento en el territorio nacional, pero de otro, extrema la acción represiva contra la protesta de los indígenas y trabajadores.

En El Espectador del 14 al 20 de enero, el multimillonario Ministro de Defensa y codueño del imperio informativo El Tiempo, Juan Manuel Santos declaró: “Ingrid está viva y está bien”. Afirmación repugnante y repudiable. Definitivamente en la conciencia del Ministro asustan.

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